De la Espriella revive una vieja disputa: así ha entrado la Fuerza Pública a las universidades

El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de crear un protocolo nacional de actuación para permitir el ingreso de la Policía a las universidades, cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo, terrorismo o alteraciones graves del orden público, reabre una discusión que no es nueva en Colombia.

El mandatario aseguró que la protesta pacífica será respetada, pero sostuvo que la autonomía universitaria no puede impedir la actuación de las autoridades cuando se cometan delitos o exista peligro para otras personas. Según explicó, la Policía será la primera autoridad operativa para atender estos casos.

Esta discusión la analiza Giovanny Mauricio Tarazona, ex Rector de la universidad distrital, que plantea que los derechos fundamentales no deben interpretarse de manera aislada cuando entran en conflicto.

Tarazona nos explica que en estos casos el operador jurídico debe ponderar derechos como la protesta y la libertad de expresión frente a la seguridad, la movilidad, el trabajo y la protección de bienes públicos y privados.

La propuesta genera especial interés porque la entrada de la Fuerza Pública a los campus ya ha ocurrido en distintos momentos de la historia del país. Algunos de esos episodios terminaron en enfrentamientos, muertes, detenciones, cierres de universidades y fuertes cuestionamientos por el uso de la fuerza.

«¿Usted no se sabe la anécdota del Ejército cuando llegó como a las 3 o 4 de la mañana a residencias? Llegan y cogen a la gente, entonces le dicen a un teniente de esos, «soldado súbame a este sujeto al camión» y el muchacho le responde: «un momentico señor militar, yo no soy ningún sujeto, yo soy estudiante de Derecho, conozco la Constitución Nacional, conozco mis derechos, y usted no me puede a mi tildar de sujeto, yo no soy un sujeto, soy un ciudadano». A lo que el militar responde: «uy que pena señor. Soldado súbame este ciudadano y suélteme a esos sujetos».

—  Comisión de la Verdad

1971: el antecedente de la Universidad del Valle

Uno de los primeros episodios que marcó esta historia ocurrió en la Universidad del Valle, en Cali, en febrero de 1971.

En ese momento, estudiantes se tomaron la rectoría en medio de una serie de protestas exigiendo reformas estructurales como la salida de la iglesia y de los sectores privados de los consejos directivos, mayor presupuesto, y la destitución del rector Alfonso Ocampo Londoño (a quien acusaban de permitir excesiva injerencia de fundaciones estadounidenses en el modelo educativo).

El 25 de febrero, la Policía ingresó por primera vez a las instalaciones de la universidad. Al día siguiente, la Policía y el Ejército realizaron una nueva intervención que terminó en enfrentamientos con estudiantes.

La Universidad del Valle señala que el enfrentamiento dejó entre 15 y 30 muertos entre civiles y estudiantes. El rector Alfonso Ocampo Londoño renunció ese mismo día y varios profesores y estudiantes fueron expulsados, aunque algunos serían reintegrados años después.

La discusión sobre los límites de la intervención estatal en las universidades debe analizarse la forma en que responde la autoridad y si las medidas utilizadas resultan necesarias y proporcionales frente a la situación concreta.

1984: uno de los episodios más graves en la Nacional

Trece años después, la Universidad Nacional de Colombia vivió uno de los momentos más recordados de esta historia, organizaciones de derechos humanos e investigadores la clasifican y conmemoran formalmente como una masacre

El 16 de mayo de 1984, en medio de protestas y enfrentamientos, la Policía ingresó por la fuerza al campus de Bogotá. Investigaciones académicas sobre el episodio señalan que la entrada se produjo en un contexto de fuerte tensión y que la intervención terminó convirtiendo la universidad en escenario de violencia.

Los uniformados abrieron fuego con armas de fuego de manera indiscriminada dentro de los predios, persiguiendo a los jóvenes en las aulas, jardines y las residencias universitarias. También quedaron denuncias sobre violaciones de derechos humanos durante el operativo.

Para el ex rector el poder estatal para mantener el orden público no constituye una autorización ilimitada para intervenir contra quienes ejercen sus derechos.

Aunque los reportes oficiales de la época intentaron minimizar el impacto, investigaciones de colectivos como Archivos del Búho presentadas ante la Comisión de la Verdad estiman que la incursión armada dejó alrededor de 17 estudiantes asesinados, más de 40 heridos y cerca de 80 detenciones arbitrarias seguidas de torturas dentro y fuera del campus.

2002: un operativo de casi 2.800 agentes

El 29 de noviembre de 2002, la Universidad Nacional fue escenario de uno de los mayores allanamientos realizados dentro de una institución educativa en Colombia. Cerca de 2.792 integrantes de la Policía, la Fiscalía y el DAS ingresaron al campus para buscar armas y explosivos.

El operativo ocurrió una semana después de que fueran lanzados explosivos desde las inmediaciones de la universidad hacia el sector donde estaban la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos (presuntamente milicias urbanas de las FARC). Las autoridades buscaban determinar si dentro del campus había material destinado a nuevos ataques.

Durante la operación fueron encontrados explosivos, granadas y otros materiales. Sin embargo, el tamaño del despliegue también generó cuestionamientos desde la propia universidad por los daños ocasionados y por lo que sus directivos consideraron un uso desproporcionado de la fuerza.

De acuerdo con Tarazona la autonomía universitaria tampoco puede entenderse como un espacio de impunidad frente a posibles delitos. Sin embargo, la existencia de una situación de riesgo no elimina la obligación de las autoridades de actuar bajo los principios constitucionales que limitan el uso de la fuerza.

Este caso trató de un allanamiento de gran escala relacionado con una investigación por posibles actividades violentas.

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2021: el Esmad y el desalojo en la Universidad del Valle

En abril de ese año, estudiantes ocuparon el campus de Meléndez de la Universidad del Valle y restringieron el acceso a las instalaciones. Después de varios días de protesta, la Fuerza Pública ingresó para realizar el desalojo.

El objetivo del plantón era debatir y manifestar sus inconformidades frente a las políticas de educación superior, el manejo de la pandemia y exigir garantías sociales antes de las movilizaciones nacionales programadas para finales de ese mes

El ingreso del Esmad generó nuevos enfrentamientos dentro y alrededor de la universidad. El episodio volvió a abrir la discusión sobre cuándo una protesta deja de estar protegida y en qué momento puede intervenir la Fuerza Pública dentro de un campus.

Precisamente, el artículo 37 de la Constitución protege el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.

Una protesta puede generar incomodidades o afectar temporalmente derechos de terceros, como la movilidad o el trabajo, sin que eso implique automáticamente que deje de estar protegida. El punto está en determinar cuándo esa afectación supera un límite razonable y justifica una intervención estatal.

La propia Universidad del Valle señaló posteriormente que el desalojo contó con el aval del Consejo de Seguridad del departamento y que, gracias a la mediación de directivos, profesores, estudiantes y defensores de derechos humanos, las instalaciones pudieron ser desocupadas sin hechos que lamentar.

La respuesta estatal, según el trabajo, debe buscar un equilibrio entre estos derechos y no asumir que uno de ellos desaparece automáticamente frente al otro.

Hay que aclarar que el Gobierno De la Espriella vuelve a poner el tema sobre la mesa, pero plantea crear un protocolo nacional para establecer en qué circunstancias la Policía podrá intervenir dentro de las universidades.

El análisis de Tarazona Bermúdez dice que el derecho a la protesta no puede utilizarse como justificación para actos violentos o daños deliberados contra bienes públicos o privados. En ese escenario, la conducta puede superar el ámbito de protección de la manifestación pacífica y generar responsabilidades independientes.

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El debate ha estado presente durante más de cinco décadas, las universidades colombianas han sido escenario de protestas y también de episodios de violencia que han llevado a la Fuerza Pública a sus campus.

Por eso, mientras el Gobierno plantea que la autonomía universitaria no puede convertirse en una barrera para enfrentar delitos, la discusión termina en saber cómo garantizar la seguridad dentro de las universidades sin convertir los campus en escenarios permanentes de confrontación entre estudiantes y Fuerza Pública.