Jóvenes hablan sobre intervenciones en campus universitarios

Cúcuta

El Gobierno Nacional, a través del presidente Abelardo de la Espriella, anunció la implementación de un protocolo nacional de actuación que busca diferenciar las protestas legítimas de los actos de alteración del orden público en las instituciones de educación superior.

Según lo manifestado por el mandatario, aunque la autonomía universitaria no está en discusión, esta no equivale a una autonomía en materia de seguridad pública.

Bajo esta premisa, la medida autorizaría la intervención de la Policía Nacional para restablecer el orden en casos que clasifique como vandalismo, terrorismo urbano o agresiones contra la fuerza pública y la ciudadanía.

Ante este panorama, se dividen las opiniones de rechazo y aceptación de los estudiantes de la Universidad Pública Francisco de Paula Santander (UFPS) entre quienes consideran prioritaria la seguridad y el normal desarrollo de las actividades académicas, y quienes perciben la directriz presidencial como una amenaza a las libertades individuales y al derecho a la protesta.

Por un lado, algunos jóvenes expresan su respaldo “una cosa son las manifestaciones pacíficas, otra cosa son manifestaciones que se toman con hechos de violencia. Para nadie es un secreto que ellos se protegen en las universidades, aprovechando que la fuerza pública no puede entrar y mientras tanto hay estudiantes están en contra de estas actividades y que venimos de otros pueblos y no queremos perder clase, sino buscamos terminar nuestra carrera con normalidad”

En contraste, otros estudiantes manifestaron su rechazó a la medida manifestando que podría tratarse de una vulneración a los derechos fundamentales y a los principios constitucionales. Quienes se oponen argumentan que el campus universitario fue concebido esencialmente como un espacio para el pensamiento crítico y la manifestación ciudadana, advirtiendo que autorizar el ingreso de la fuerza pública para reprimir a grupos violentos o encapuchados termina atropellando el derecho legítimo a manifestarse.

Mientras, quienes defienden la iniciativa sostienen que la medida se presenta como un mecanismo de protección para la integridad y seguridad de docentes, alumnos, trabajadores y la población civil, continúa la incertidumbre entre las comunidades educativas, teniendo en cuenta los antecedentes de violencia que ha dejado los enfrentamientos entre el Estado y jóvenes encapuchados abriendo nuevamente un debate en todos lo sectores políticos y educativos del país.