En alianza con el FBI, autoridades de Medellín incautan bienes del narcotráfico de ‘Los del Dorado’
Las propiedades incautadas pertenecían a allegados y testaferros de la estructura ‘Los del Dorado’, vinculada directamente con el Clan del Golfo.
Foto: Alcaldía de Medellín
Medellín
Las autoridades de Medellín, en articulación con la Policía Nacional, la Fiscalía y el FBI, afectaron 44 bienes pertenecientes a la organización criminal ‘Los del Dorado’. Los activos, avaluados en más de $22.000 millones, estaban ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre inmuebles, vehículos, establecimientos comerciales y una sociedad. Las investigaciones determinaron que las propiedades fueron adquiridas con dinero ilícito y registradas a nombre de terceros para ocultar su origen.
Ruta del dinero y operatividad de la red criminal
El proceso investigativo duró 13 meses y permitió rastrear los recursos procedentes del narcotráfico transnacional. Según el alcalde Federico Gutiérrez, la estructura compraba la base de coca en Nariño, la procesaba en Puerto Triunfo y enviaba la cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos desde la costa Caribe.
La tecnología del sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad resultó clave para el seguimiento de los sospechosos en Medellín. La red delictiva mantenía alianzas con el Clan del Golfo y estaba liderada por alias ‘Olfer’, junto a otros coordinadores identificados como ‘El Calvo’, ‘Orlay’ y ‘Mono Chucho’.
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Acción interinstitucional y continuidad de los procesos
El operativo contó con la participación de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la administración de los bienes incautados. El mandatario local destacó que la extinción de dominio constituye una herramienta fundamental para impactar de manera directa las estructuras financieras de estas organizaciones.
Las investigaciones continúan para identificar y desarticular otras fuentes de financiación de los grupos al margen de la ley. La meta principal de las autoridades es evitar que las ganancias del tráfico de drogas ingresen al circuito económico legal y afecten la seguridad ciudadana.
