“No podemos resignarnos a que en operativos militares mueran menores”: Defensora del Pueblo

La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió extremar las medidas de precaución en las operaciones militares cuando exista una alta probabilidad de presencia de menores reclutados en estructuras armadas ilegales, tras el bombardeo del pasado 27 de agosto contra las disidencias de ‘Calarcá’ en El Retorno, Guaviare, en el que murieron 10 personas, entre ellas tres menores de 15 y 16 años.

“No podemos resignarnos a que en los operativos militares mueran menores de edad que fueron víctimas previamente de la desprotección prolongada del Estado”, aseguró Marín, quien reconoció que el Estado puede desplegar acciones militares, incluidos bombardeos, contra grupos armados ilegales para proteger a la población y recuperar el control territorial.

Sin embargo, la defensora sostuvo que cuando el Estado conoce de la alta probabilidad de presencia de menores reclutados “tiene un deber de extremar las medidas de precaución y evaluar alternativas que permitan proteger su vida”, de acuerdo con protocolos operacionales estrictos. Añadió que deben evaluarse alternativas menos lesivas y adoptarse todas las precauciones factibles para evitar la muerte de niños, niñas y adolescentes.

Marín reveló además que entre 2024 y el 31 de julio de 2026 la Defensoría del Pueblo ha conocido 1.173 casos de reclutamiento de menores de edad. Entre el primero de enero y el 31 de julio de este año fueron conocidos 97 casos, alrededor del 40 % correspondientes a niñas y adolescentes mujeres, además de una importante presencia de menores pertenecientes a pueblos indígenas.

“Estas cifras no reflejan la magnitud real de la problemática”, advirtió la defensora, quien explicó que existe un alto subregistro relacionado con el temor, la naturalización del reclutamiento y la falta de información para acudir a las autoridades.

“Por información de terreno sabemos que el número es mayor y que en las filas de las disidencias de Mordisco y de Calarcá hay una presencia de numerosos menores de edad cuyos casos no han sido reportados oficialmente”, afirmó.

La defensora también alertó que recibió información sobre un crecimiento del reclutamiento en el Catatumbo atribuible al ELN y a las disidencias del Frente 33. En Guaviare, la entidad conoció 11 casos de menores reclutados durante 2025 y recordó que otros 11 menores fueron encontrados muertos tras confrontaciones entre las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ a finales de mayo.

Marín señaló que, según información de Medicina Legal y el trabajo de la Defensoría en territorio, entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026, 73 niños, niñas y adolescentes habrían muerto como consecuencia de operativos militares, de los cuales 31 murieron durante 2025.

Además, respondió a la discusión sobre la condición de los menores que integran estructuras armadas:

“El ingreso de menores de edad a los grupos armados no permite presumir de ninguna manera que estaban prestando funciones continuas de combate, es decir, que se convirtieron en combatientes”. Marín agregó que “ningún menor de edad pierde su condición de víctima del reclutamiento”, incluso cuando haya participado en hostilidades.

Finalmente, pidió al Gobierno fortalecer la política de prevención y reactivar la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA) para evitar que los menores continúen siendo reclutados y posteriormente mueran en enfrentamientos entre grupos armados ilegales o en operaciones de la Fuerza Pública.