“No hay sistema antidrones 100% efectivo”: mayor (r) de la FAC dice que ataques vienen desde 2018

El ataque de drones tipo kamikaze contra la estructura que protege un radar instalado en Candelaria, Valle del Cauca, vuelve a poner sobre la mesa la capacidad que han desarrollado los grupos armados ilegales para utilizar esta tecnología y las dificultades que enfrenta el Estado para responder.

Sobre esta situación habló en 6AM de Caracol Radio el mayor retirado de la Fuerza Aérea Colombiana Camilo Mendoza, autor del libro Amenaza Drone, consultor de defensa y pionero en defensa antiaérea y tecnologías antidrones, quien aseguró que “los grupos delictivos acá en Colombia han crecido de manera mucho más rápida en el tema del uso letalizado de los drones de la Fuerza Pública por muchos factores”.

Mendoza explicó que una de las razones está relacionada con las diferencias entre las restricciones que debe cumplir la Fuerza Pública y la libertad de acción de las organizaciones ilegales.

“Uno es la legalidad, la Fuerza Pública está atada a cumplir la ley conforme está estrictamente redactada y los delincuentes no, eso les permite a ellos obtener cualquier tipo de drones, modificarlos como quieran y atentar contra las personas y contra las instituciones como ellos deseen”, afirmó.

También cuestionó la información que se ha entregado sobre el origen de esta amenaza y aseguró que el fenómeno no comenzó en 2023. “Una entrevista que vi ayer donde una periodista asegura que es un fenómeno que viene desde el 2023, desde julio del 2023, cuando realmente el uso de drones letalizados por parte de estos grupos terroristas viene desde el 2018”.

Según el mayor retirado, esto demuestra que “ha habido una respuesta retardada y reactiva por parte de la Fuerza Pública”, aunque aclaró que esto no desconoce su labor constitucional.

El experto también explicó que los grupos ilegales han cambiado constantemente la tecnología utilizada. “Ha sido muy difícil para la Fuerza Pública igualar las capacidades de la amenaza porque es una amenaza que cambia constantemente”, sostuvo. Sobre los sistemas antidrones, rechazó las afirmaciones según las cuales no funcionan.

“Vemos que se encuentra uno con titulares que dice los sistemas antirrones no sirven, lo cual es una total mentira. Los sistemas antirrones sí han servido, de hecho han contribuido a evitar masacres dentro de las instalaciones policiales, militares y también en la población que circula estas instalaciones”.

Sin embargo, aclaró que tampoco existe una solución absoluta: “No existe un sistema antirrones 100% efectivo ni en Colombia, ni en Ucrania, ni en Israel, ni en ninguna parte del mundo”. Por eso, planteó fortalecer las capacidades nacionales: “Hay muy buenos sistemas de producción nacional que han tenido muy buenos resultados y que incluso los están vendiendo en otros países porque Colombia no ha creído en sus propios desarrollos”.

Sobre los drones utilizados por las organizaciones ilegales, Mendoza explicó que primero utilizaron equipos comerciales y posteriormente desarrollaron nuevas modalidades. “Han usado drones comerciales de la marca más común que hay, que es DJI, adaptándolos primero para vigilancia y después colocándoles explosivos artesanales”.

Luego, según dijo, “empezaron a usar drones FPV, que son drones construidos no por ellos mismos, pero sí por personas que tienen conocimiento básico de este tema, que son los que vemos en conflictos como el de Ucrania, muy similares”.

También aseguró que “han usado drones incluso de ala fija, entonces ellos no se han quedado estáticos en una sola plataforma, sino que van aprendiendo y van descartando del ensayo y error”. Para Mendoza, esa evolución explica parte de la dificultad para enfrentarlos: “Eso es lo que ellos han hecho con casi todos sus mecanismos de terrorismo, lo hacen con los drones y por eso ha sido tan difícil identificar un patrón específico para poderlos neutralizar”.

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la capacitación que, según Mendoza, algunos integrantes de organizaciones ilegales estarían recibiendo fuera de Colombia. El mayor retirado aseguró que esta situación se conoce desde hace más de dos años y señaló directamente a Ucrania como uno de los lugares donde se estaría produciendo ese entrenamiento. “Allá han ido y en estos momentos hay personas que son integrantes de esos grupos ilegales de FARC, ELN, Clan del Golfo, que van exclusivamente a entrenarse y a aprender cómo configurar esos drones, cómo construirlos, cómo volarlos y cómo después traer ese conocimiento para usarlo acá en contra de los colombianos”, afirmó.

Además, señaló que la inteligencia policial y militar ha permitido identificar “escuelas ilegales” relacionadas con esta actividad, mecanismos para atraer y reclutar menores y “estructuras internacionales que les están dando apoyo tecnológico y logístico”.

Frente a la llegada de tantos drones a las organizaciones ilegales, Mendoza dijo que no se atrevería a afirmar que exista corrupción de las autoridades, pero cuestionó las restricciones que afectan a quienes utilizan estos equipos legalmente.

“Las restricciones en estos momentos, y desde que empezaron a ser mucho más fuertes, van en contra de las personas que usamos los drones de manera legal, como un trabajo, una opción de vida”.

Y añadió: “Las restricciones legales en ningún momento restringen el accionar terrorista de ninguno de estos grupos, ellos siguen trayendo sus drones porque tienen cualquier cantidad de dinero proveniente de sus rentas ilícitas y los pueden comerciar por las fronteras”.

Finalmente, el mayor retirado insistió en que la respuesta debe involucrar a diferentes sectores y no limitarse a comprar equipos. “No es un problema exclusivo de la Policía ni de las Fuerzas Militares, es un problema nacional que se debe abordar así, de manera estructural”, aseguró. Para Mendoza, Colombia debe aprovechar sus capacidades nacionales y desarrollar una estrategia integral frente a esta amenaza.