Obra de un colegio en Santander que supera los $15 mil millones, enfrenta cargos de la Procuraduría
El proyecto del Colegio Integrado Lucas Caballero en Suaita habría comenzado sin licencia de construcción ni permisos para aprovechamiento forestal y movimiento de tierras, según el ente de control.

Obra de un colegio en Santander que supera los $15 mil millones enfrenta cargos de la Procuraduría. Foto: Gobernación de Santander.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres personas por presuntas irregularidades relacionadas con la construcción del Colegio Integrado Lucas Caballero, en el municipio de Suaita, Santander.
Los investigados son Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron funciones de supervisión, y Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio encargado de la interventoría de la obra.
De acuerdo con la Procuraduría, la investigación disciplinaria se originó por posibles deficiencias en las labores de seguimiento y control a la ejecución del contrato suscrito en 2022, cuyo valor supera los 15.000 millones de pesos.
Uno de los principales aspectos que busca esclarecer el Ministerio Público es si la obra habría iniciado y avanzado sin contar con la respectiva licencia de construcción, así como con los permisos de aprovechamiento forestal y movimiento de tierras.
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El ente de control también investiga posibles incumplimientos en las obligaciones de supervisión e interventoría que estaban destinadas a garantizar el adecuado desarrollo del proyecto educativo.
En esta etapa del proceso, la Procuraduría calificó provisionalmente la posible conducta de los dos supervisores como falta grave a título de culpa grave, mientras que para el interventor la calificó como falta gravísima a título de culpa gravísima.
La investigación busca determinar si las presuntas omisiones afectaron la correcta ejecución de un proyecto destinado a fortalecer la infraestructura educativa y beneficiar a los niños, niñas y adolescentes del municipio de Suaita.
La formulación de cargos no implica una decisión definitiva sobre la responsabilidad disciplinaria de los investigados, según la Procuraduría.




