Procuraduría requiere a Invías por frenar atención en la Ruta 45A, donde opera el peaje de Oiba
La entidad solicitó información sobre las razones de la suspensión del Servicio de Atención al Usuario, mientras sectores ciudadanos cuestionan las condiciones de seguridad con las que opera el corredor vial.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander requirió al Instituto Nacional de Vías, Invías, para que entregue información relacionada con la suspensión del Servicio de Atención al Usuario, SAU, en la Ruta Nacional 45A, corredor que comunica a Zipaquirá con San Alberto.
El requerimiento fue enviado el 14 de agosto de 2026 al subdirector de Gestión Integral de Carreteras y al director territorial de Santander de Invías, en el marco de una actuación preventiva que adelanta el Ministerio Público sobre la operación, mantenimiento y administración de esta vía.
La Procuraduría señaló que durante una mesa de seguimiento, realizada el pasado 12 de agosto, fue informada sobre la presunta suspensión del SAU, situación que genera preocupación por la importancia de este servicio para la atención de incidentes, emergencias, asistencia a los usuarios y la seguridad y transitabilidad del corredor.
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Por esta razón, solicitó a Invías explicar las razones técnicas, jurídicas, administrativas y presupuestales que llevaron a suspender el servicio, así como entregar los documentos que sustentaron la decisión.
La Procuraduría dio un plazo de cinco días hábiles para entregar la información y los respectivos soportes documentales.
Reclamo de ciudadanos por puesta en funcionamiento del peaje de Oiba
Leonardo Silva, activista político y excandidato a la cámara por Santander ha cuestionado la operación de los peajes en la región, celebró el requerimiento de la Procuraduría y aseguró que la puesta en funcionamiento de uno de los peajes de la Ruta 45A, como el Peaje de Oiba, se habría dado, según su denuncia, sin contar con todos los servicios de asistencia requeridos.
“Pusieron en funcionamiento el peaje sin tener carro taller, sin tener grúa, sin tener ambulancia, sin tener señalización, sin tener reductores de velocidad ante una emergencia. ¿Cómo pueden garantizar la integridad de los ciudadanos y de los transportadores?”, cuestionó.
Silva también sostuvo que las comunidades y transportadores mantienen desde hace más de 400 días una manifestación pacífica en la que reclaman que los recursos recaudados mediante los peajes de la Ruta 45A sean destinados a las vías de Santander.
La actuación del Ministerio Público, por ahora, está centrada en conocer las razones y soportes de la suspensión del servicio de atención a los usuarios y en verificar las medidas adoptadas por Invías para garantizar la seguridad y atención de emergencias en el corredor vial nacional.
