¿Por qué será imputado el exinterventor de Nueva EPS por el caso del niño Kevin Acosta?

Para el próximo 24 de agosto, la Fiscalía programó la audiencia de imputación de cargos por homicidio culposo contra Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, quien se desempeñaba como auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.

El proceso está relacionado con la muerte del menor Kevin Acosta, quien padecía hemofilia, y la posterior filtración de su historia clínica.

La Fiscalía 51 Seccional de Bogotá solicitó el pasado 6 de agosto la audiencia preliminar para formular imputación dentro de la investigación por la muerte del menor Kevin Acosta Pico, ocurrida en un caso que se investiga como presunto homicidio culposo.

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La decisión del ente acusador se fundamenta en posibles fallas en la atención médica y en la presunta omisión de quienes tenían posición de garante frente al paciente, diagnosticado con hemofilia tipo A severa.

De acuerdo con la investigación, el menor fue atendido el 27 de enero de 2026. La Fiscalía considera que el médico que lo atendió habría omitido ordenar el suministro inmediato del medicamento profiláctico Emicizumab, pese a que su aplicación era requerida conforme a los protocolos médicos y la lex artis.

La investigación también busca establecer si hubo omisiones por parte de funcionarios de la Nueva EPS encargados de garantizar la atención y el suministro del medicamento requerido por el menor.

En el caso de Nelson Ramírez Plaza, quien se desempeñaba como auditor de concurrencia y gerente regional, la Fiscalía indaga una presunta falta de gestión para garantizar la consecución del medicamento. A su vez, Luis Óscar Galves Mateus, como interventor de la Nueva EPS, habría sido el responsable de designar al auditor de concurrencia.

También serán imputadas las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias, relacionadas con el seguimiento del paciente y la gestión de la cohorte de la EPS.

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Además de las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin Acosta, la investigación contempla la posterior filtración de su historia clínica, aunque la imputación anunciada para el 24 de agosto corresponde al delito de homicidio culposo.

Será en esa audiencia cuando la Fiscalía presente ante un juez los hechos que sustentan la imputación y exponga las presuntas responsabilidades individuales de los funcionarios y profesionales vinculados al caso.

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