Gobierno confirmó el traslado de 117 internos de alto perfil a cárceles de máxima seguridad
La medida fue ejecutada por el INPEC y buscó reforzar el control penitenciario y evitar que las cárceles fueran usadas para coordinar actividades criminales.
Colombia's new President Abelardo de la Espriella delivers a speech at the Pichincha Battalion after swearing in, in Cali, Colombia, on August 7, 2026. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) / JAIME SALDARRIAGA
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella oficializó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad, consideradas de alto perfil y vinculadas a negociaciones de paz, como parte de las primeras decisiones de la nueva administración en materia penitenciaria.
Los traslados fueron ejecutados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que reubicó a los internos en establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
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De acuerdo con el Gobierno, la decisión buscó fortalecer las condiciones de seguridad y evitar que las estructuras criminales utilizaran los centros penitenciarios para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades.
“La medida buscó fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los establecimientos carcelarios”, señaló el Gobierno Nacional.
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La administración de De la Espriella aseguró que la decisión hizo parte de una estrategia para recuperar el control permanente de las cárceles y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
“Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, indicó el comunicado de la Presidencia.
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El Gobierno también sostuvo que el control penitenciario sería ejercido “con autoridad y dentro del marco constitucional”, y reiteró que la medida buscó garantizar el estricto cumplimiento de la ley en los establecimientos carcelarios del país.
