Antioquia cerró 2025 con más de 14.000 desplazados y nuevas formas de control armado

Medellín, Antioquia

Antioquia cerró 2025 con 14.106 personas víctimas de desplazamiento forzado, en medio de una situación humanitaria que continúa marcada por el conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las restricciones a la movilidad. Aunque el desplazamiento disminuyó 31,7 % frente a las 20.660 víctimas registradas durante 2024, persisten diferentes riesgos para las comunidades.

Las principales afectaciones se concentraron en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde se registraron desplazamientos relacionados con enfrentamientos, amenazas, restricciones a la movilidad y disputas entre grupos armados por el control territorial. Briceño, Anorí, Zaragoza y El Bagre aparecen entre los municipios afectados por desplazamientos masivos.

Uno de los casos de mayor impacto ocurrió en Briceño, donde más de 2.100 personas tuvieron que trasladarse hacia el casco urbano después de amenazas y enfrentamientos. La llegada de esta población generó dificultades para garantizar alojamiento, alimentación y atención humanitaria.

Más de 29.000 personas tuvieron restricciones a la movilidad

El desplazamiento no fue la única afectación. Durante 2025, 29.554 personas sufrieron restricciones de acceso o limitaciones a la movilidad en 31 eventos. Ituango concentró el episodio de mayor magnitud, con 23.010 personas afectadas por restricciones para movilizarse y acceder a diferentes servicios.

También fueron documentados mecanismos de control sobre las comunidades como carnetización obligatoria, imposición de horarios para transitar y paros armados. En Anorí, por ejemplo, más de 1.800 personas estuvieron sometidas a este tipo de medidas.

Aumentaron 240 % las víctimas de minas y explosivos

Uno de los indicadores que presentó mayor deterioro fue el relacionado con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Antioquia pasó de 10 víctimas durante 2024 a 34 durante 2025, un incremento del 240 %. Nueve de las víctimas fueron civiles y 25 integrantes de la Fuerza Pública.

Los hechos se concentraron principalmente en Anorí, Valdivia, Frontino, Briceño, Ituango y San Andrés de Cuerquia. Además, durante el año se registró el uso de drones en acciones con explosivos en municipios como Amalfi, Anorí y Valdivia, una modalidad que se ha incorporado a las confrontaciones entre actores armados.

Líderes sociales continúan entre las poblaciones afectadas

Durante 2025 también fueron asesinados 30 líderes y lideresas sociales en Antioquia, frente a los 26 casos reportados durante 2024, lo que representa un incremento del 15 %. Entre las víctimas hubo dirigentes comunales, comunitarios, políticos y sindicales, así como representantes indígenas, ambientalistas, culturales y defensores de derechos humanos.

En total, el balance registra 28.892 personas afectadas por ataques contra civiles y otras situaciones de protección. De estas, 28.411 estuvieron relacionadas con mecanismos de control social, restricciones a la movilidad y otras formas de coerción. Anorí concentró 19.812 personas afectadas y Briceño otras 8.599.

Urabá-Darién también mantiene afectaciones humanitarias

En Urabá-Darién fueron registradas 3.062 víctimas de desplazamiento individual durante 2025, principalmente en Turbo, Acandí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Mutatá. En Acandí, aproximadamente 599 personas pertenecientes a comunidades afrodescendientes fueron desplazadas en medio de combates entre la Fuerza Pública y un grupo armado.

El panorama humanitario de Antioquia muestra así una reducción de algunos indicadores sin que desaparezcan las afectaciones relacionadas con el conflicto. Mientras el desplazamiento departamental cayó 31,7 % y el confinamiento pasó de 6.957 personas en 2024 a 2.103 en 2025, aumentaron las víctimas de minas y explosivos y continuaron las restricciones a la movilidad y los mecanismos de control sobre comunidades de diferentes zonas del departamento.