Fiscalía y Alcaldía apelan nulidad de imputación a Quintero y 12 exfuncionarios por Aguas Vivas
Será el Tribunal Superior de Medellín, el encargado de resolver el futuro del caso, tras apelación contra decisión favorable a Daniel Quintero.

Imagen de referencia. Corte: Getty Images

Medellín, Antioquia
La juez del caso declaró la nulidad de la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios de su administración en el proceso por el caso Aguas Vivas, al considerar que la Fiscalía incurrió en imprecisiones y confusiones sobre los hechos atribuidos a los procesados.
Sin embargo, esta decisión no implica que el caso se haya caído ni que Quintero, actual superintendente nacional de Salud, haya sido declarado inocente. Según fuentes judiciales, el proceso sigue activo y deberá subsanar los aspectos procedimentales señalados por la juez para continuar su curso.
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La decisión de la juez no está en firme. Ya que, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Alcaldía de Medellín, en representación de las víctimas, apelaron el fallo. Por lo que será el Tribunal Superior de Medellín el que resuelva el recurso en una audiencia prevista para el próximo 6 de agosto de 2026 a las 8:30 a.m.
La nulidad decretada obliga a la Fiscalía a corregir las falencias identificadas en la formulación de la imputación, tras lo cual el caso podría retomar su curso normal una vez resuelto el recurso de apelación por el Tribunal Superior.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, se pronunció e indicó que respeta las decisiones de la justicia, sin embargo, “como víctimas no podemos compartir esta determinación ni permitir que quienes desfalcaron la ciudad encuentren impunidad por maniobras procesales para dilatar el proceso”.
Además, el mandatario fue tajante en expresar que “una nulidad no borra los hechos, no desaparece las pruebas y mucho menos limpia las responsabilidades que la justicia debe esclarecer”.
¿Qué se investiga?
El exmandatario es investigado por su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, con el fin de restituir, presuntamente de manera ilegal, un lote conocido como ‘Aguas Vivas’, avaluado en más de 40.000 millones de pesos.




