Escoltas de la UNP alertan por riesgos en el Catatumbo

Norte de Santander.

El reciente secuestro de Jesús Eduardo Ortiz García, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en zona rural de Tibú, volvió a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad en las que desempeñan su labor los integrantes de los esquemas de protección en el Catatumbo, una de las regiones más complejas del país por la presencia de grupos armados.

En diálogo con Caracol Radio, Geovanny Gallo, presidente nacional de Analtraseg, uno de los sindicatos de la UNP, aseguró que los ataques contra los escoltas se han vuelto cada vez más frecuentes y advirtió que el riesgo para este personal sigue aumentando.

“Ya es común o se está volviendo habitual el ataque contra el personal civil que presta su servicio a la Unidad Nacional de Protección. Hemos visto escoltas asesinados, secuestros para despojarlos del armamento y de los vehículos, e incluso extorsiones a las empresas que los suministran", afirmó.

El dirigente sindical sostuvo que muchas de estas situaciones podrían prevenirse si la UNP implementara medidas de seguridad acordes con el nivel de riesgo que enfrentan los escoltas en zonas como el Catatumbo.

“El secuestro de nuestro compañero se pudo haber evitado teniendo unas medidas adecuadas y coherentes para la zona donde se está trabajando. No es posible enviar vehículos con un nivel de blindaje insuficiente a territorios donde los grupos armados utilizan armamento de largo alcance", señaló.

Gallo también cuestionó que los esquemas de protección cuenten con equipos que, según afirmó, no corresponden a las amenazas presentes en regiones con alta confrontación armada.

“Todas las zonas del país no son iguales. No se puede estandarizar el mismo vehículo, el mismo chaleco y armamento para todo el territorio. En el Catatumbo se necesitan elementos de protección acordes con el riesgo que enfrentan los escoltas", indicó.

Además, hizo un llamado a los grupos armados para que respeten la vida de quienes integran estos esquemas de seguridad, recordando que la mayoría de los escoltas son trabajadores contratados por empresas privadas y no funcionarios públicos.

“Le pedimos a los grupos armados que respeten la vida del personal que presta protección. Son trabajadores que cumplen una labor de seguridad y no hacen parte de las decisiones del Estado", expresó.

El presidente de Analtraseg insistió en que la situación requiere una revisión urgente por parte de la Unidad Nacional de Protección, al considerar que las actuales condiciones de operación exponen innecesariamente a los escoltas y a las personas bajo su protección en regiones como Norte de Santander y, especialmente, el Catatumbo.