Alcaldesa denuncia fallas en actualización catastral que afectan a más de 580 predios
La alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez alertó sobre graves inconsistencias en la actualización catastral del municipio, que habrían afectado al menos 586 predios tras errores en la migración de información tributaria.
Una contingencia administrativa de grandes proporciones quedó al descubierto luego de que la alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez, revelara que la actualización catastral ejecutada en el municipio presenta graves inconsistencias que hoy afectan tanto a las finanzas públicas como a centenares de propietarios.
Según explicó la mandataria, durante el proceso de empalme adelantado por la nueva administración se identificaron errores relacionados con la actualización catastral contratada el año anterior por cerca de 14.400 millones de pesos, luego de que al contrato inicial de 9.900 millones de pesos se le adicionaran otros 4.500 millones. La alcaldesa sostuvo que numerosos ciudadanos han denunciado incrementos injustificados en el impuesto predial, inconsistencias en las áreas construidas registradas en sus predios y errores derivados de la renumeración catastral realizada durante el proceso de actualización.
La situación más delicada, según explicó Jiménez, está relacionada con la renumeración de aproximadamente 586 predios cuyos estados de cuenta no habrían sido trasladados correctamente entre los sistemas de información de Catastro y Hacienda.
De acuerdo con la mandataria, al realizarse el cambio de identificación catastral no se efectuó adecuadamente el empalme de la información tributaria, provocando que los recibos del impuesto predial expedidos actualmente no reflejen la realidad financiera de numerosos contribuyentes.
La alcaldesa aseguró que esta falla ha generado casos en los que algunos ciudadanos aparecen con cobros superiores a los que realmente les corresponderían, mientras que en otros casos las obligaciones tributarias habrían desaparecido temporalmente del sistema debido a errores en la migración de datos.
La denuncia realizada por la alcaldesa también puso en evidencia una posible falta de coordinación entre dependencias municipales y contratistas responsables de manejar información crítica para el recaudo de impuestos. Jiménez afirmó que la renumeración catastral es un procedimiento legal obligatorio dentro de los procesos de actualización, pero cuestionó que no hubiera existido una comunicación efectiva entre la Unidad de Gestión Catastral y el Departamento Administrativo de Hacienda para garantizar el traslado correcto de los estados de cuenta. Según indicó, la administración actual intenta establecer desde cuándo se conocían las primeras reclamaciones ciudadanas y por qué no se adoptaron medidas oportunas para corregir una situación que, en sus palabras, «se pudo haber evitado» si se hubieran realizado adecuadamente los procesos de verificación y empalme de información.
Las consecuencias del problema ya comenzaron a sentirse entre los contribuyentes. La alcaldesa reconoció que la administración se vio obligada a congelar parcialmente la expedición de algunos recibos del impuesto predial mientras se verifica la información de los predios afectados. Esta situación ha impedido que varios ciudadanos puedan acceder al descuento del 20 % por pronto pago contemplado en el Acuerdo 035 de 2026. Jiménez manifestó que la administración estudia alternativas jurídicas y administrativas para evitar que los contribuyentes terminen asumiendo las consecuencias de errores institucionales, señalando que los ciudadanos no pueden ser perjudicados por fallas ocurridas durante el proceso de actualización catastral y migración de información tributaria.
Otro aspecto que genera preocupación es que la administración aún desconoce la magnitud real del problema. Aunque inicialmente se tienen identificados cerca de 586 predios renumerados, la alcaldesa advirtió que podrían existir más casos que todavía no han sido detectados. De hecho, reconoció que la administración se encuentra reconstruyendo la información de manera manual y consolidando bases de datos para establecer cuántos contribuyentes fueron realmente afectados. «...Es posible que sigan saliendo más de estos predios...», señaló la mandataria, al advertir que la situación podría tener un efecto creciente a medida que continúen apareciendo reclamaciones relacionadas con cobros, paz y salvos, procesos de cobro coactivo y registros tributarios inconsistentes.
Aunque por ahora la alcaldesa descartó atribuir intencionalidad a los hechos, sí dejó abierta la puerta a futuras investigaciones administrativas y disciplinarias. Jimén7ez explicó que la supervisión de este tipo de contratos no recae exclusivamente sobre las empresas contratistas, sino también sobre los funcionarios responsables de cada dependencia involucrada. Por esa razón, anunció averiguaciones para determinar si existieron omisiones, fallas de supervisión o incumplimientos en los procedimientos de control que permitieron que una inversión superior a los 14.000 millones de pesos terminara generando una contingencia que hoy amenaza el recaudo municipal y pone en entredicho la confiabilidad de la información catastral y tributaria utilizada por el municipio.
