Extinción de dominio a 42 bienes por robar servicios públicos en Medellín: pérdidas superan 1 billón

Medellín

A 42 bienes de Medellín las autoridades les aplicaron la medida de extención de dominio tras estar vinculados a una red dedicada al robo de agua, gas y energía, generando pérdidas superiores a un billón de pesos para el distrito.

Los operativos se realizaron en las comunas Laureles, Belén y el Centro de Medellín, luego de una investigación que se extendió durante 16 meses y que fue liderada de manera articulada entre la Alcaldía de Medellín, EPM, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación a 14 establecimientos del sector hotelero y 28 inmuebles.

¿Cómo operaba la red?

De acuerdo con las autoridades, los bienes afectados están avaluados en cerca de $96.000 millones y habrían sido utilizados para sostener un esquema ilegal que operaba desde 2013 mediante la manipulación de medidores y conexiones fraudulentas para reducir el pago de servicios públicos y obtener ganancias ilícitas, generando pérdidas superiores a $1,24 billones para EPM entre los años 2020 y 2025.

“Para evadir el pago de los servicios públicos, se conectan de manera fraudulenta al acueducto o alcantarillado, o al gas o a la energía. Y, entonces, no pagan por los servicios públicos, igual los están consumiendo, ahí literalmente lo que están haciendo es defraudando a empresas públicas de Medellín, dejando de pagar por esos servicios, y eso es plata literalmente que se están robando”, explicó secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Según la investigación, las autoridades recopilaron pruebas que evidenciarían vínculos familiares, comerciales y societarios entre varios de los propietarios de los inmuebles y establecimientos intervenidos, lo que habría permitido mantener el esquema fraudulento durante varios años.

“Y se encuentran que son familias, del mismo clan, que van teniendo como toda esa experticia. Eso se venía estudiando. Ya hay una fiscal muy orientada, dedicada y de mucho conocimiento de un grupo nacional que es de defraudación de fluidos, porque eso es penalmente castigado, está en el código penal”, señaló John Maya, gerente de EPM.

Además del impacto económico, las autoridades advirtieron que estas conexiones ilegales representaban graves riesgos para las comunidades, debido a la posibilidad de incendios, inundaciones, explosiones y daños estructurales derivados de instalaciones irregulares.

Los bienes quedaron bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrarlos mientras avanza el proceso judicial de extinción de dominio.