CIDH se declara preocupada por violencia política en Colombia antes de las elecciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se declaró preocupada por las situaciones de violencia política vividos a lo largo del proceso electoral en Colombia y, con ese panorama, hace un llamado al Estado a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la fase final de las elecciones presidenciales, en particular la seguridad de las personas candidatas a la presidencia”.

La CIDH recuerda que, durante el proceso electoral de este año, tanto candidatos como dirigentes políticos han sido amenazados, particularmente Iván Cepeda, Aberlardo de la Espriella y Paloma Valencia y se recuerda:

• El secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué (10 de febrero).
• El asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, integrantes del equipo de campaña del movimiento Defensores de la Patria en el departamento del Meta (15 de mayo).
• El atentado al senador Alexander López luego de participar en una actividad política junto a Iván Cepeda (20 de mayo).

Para la CIDH, estos actos de violencia ocurren “en un contexto de múltiples denuncias sobre la expansión y el fortalecimiento del control territorial por parte de grupos armados y organizaciones criminales, lo que constituye una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de la población civil”.

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Alertas electorales

“La Misión de Observación Electoral ha advertido que 386 municipios, equivalentes a un tercio del total, presentan riesgos para el desarrollo de las elecciones. De estos, 139 en riesgo extremo, 122 en alto y 125 en medio”, resalta la CIDH agregando que los departamentos con mayor número de municipios en situación extrema son Cauca, Antioquia, Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.

La Comisión reconoce que bajo la implementación del Plan Democracia 2026, desde el 8 de marzo, “se han reforzado los esquemas de protección de personas candidatas a la presidencia y vicepresidencia con más de 460 policías, 260 miembros de la Unidad Nacional de Protección y 94 vehículos blindados”.

Como parte de este trabajo, “se han desplegado más de 11.400 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de seguridad en distintos territorios del país para acompañar a las personas candidatas. Estos esquemas fueron revisados y ampliados el 24 de abril”.

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Garantizar el derecho al voto

La CIDH recuerda en un comunicado que “la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad” e indica que, para cumplirlo, “es necesario adoptar medidas efectivas de prevención, protección e investigación frente a hechos de violencia política”.

La Comisión agrega que las medidas deben incluir la implementación de políticas públicas integrales que promuevan la desmovilización de grupos armados y organizaciones criminales.