Procuraduría pide investigar posible desacato en proyecto urbanístico de Tunja
La Procuraduría General de la Nación solicitó abrir incidente de desacato por el presunto incumplimiento de una medida judicial que suspendió un Project Group S.A.S. cerca al aeropuerto de Tunja, autorizado por la Curaduría Urbana número 2 de Tunja.
El Tribunal Administrativo de Boyacá falló en segunda instancia sobre un proyecto en Tunja, promovido como vivienda campesina, pero que en realidad corresponde a una iniciativa privada de lujo.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a un juzgado administrativo de Tunja iniciar un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de una medida cautelar que suspendió un proyecto urbanístico autorizado mediante licencia expedida por la Curaduría Urbana número 2 de Tunja. La petición fue presentada por la procuradora judicial Paola Rocío Pérez Sánchez ante el Juzgado Sexto Administrativo.
Según el documento conocido por este medio, la Procuraduría advierte sobre posibles obras o intervenciones en el proyecto urbanístico pese a que la suspensión había sido ordenada por el despacho judicial y posteriormente confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el pasado 27 de abril de 2026.
El proceso judicial involucra a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la Curaduría Urbana número 2 y la empresa Constructora Project Group S.A.S..
En el oficio, la Procuraduría pidió además que se ordene una visita de inspección al predio donde se desarrolla el proyecto para verificar si la suspensión judicial se está cumpliendo. La solicitud incluye la intervención de la Inspección Octava de Policía y Control Urbano de Tunja como autoridad encargada de realizar la verificación técnica y administrativa.
El requerimiento fue radicado luego de un derecho de petición presentado el 19 de mayo, en el que se alertó sobre un eventual desacato a la decisión judicial.
La Procuraduría advirtió que, de comprobarse el incumplimiento, el despacho podría adoptar medidas coercitivas y sanciones conforme a las facultades legales previstas para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.
