Comisario de Familia en Caldas advierte al gobierno nacional que hay riesgos en manejo de recursos

Caldas

El llamado que hizo John James Marín Patiño, comisario de familia de Chinchiná (Caldas) es que el Ministerio de Justicia debe definir con precisión los alcances de inspección y vigilancia de la estampilla pro justicia familiar y el presupuesto público, ya que el problema radica en que los recursos recaudados no se destinan al fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios ni a las infraestructuras de las comisarías de familia.

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“En el marco del sostenimiento y funcionamiento financiero y presupuestal de las comisarías de familia, sobre todo en aquellas donde no existen mecanismos de financiación, la ley autorizó a los concejos a crear un impuesto que se llama estampilla projusticia familiar que se encarga de la contratación directa en los municipios. En Caldas, entre 4 y 5 poblaciones solo tienen la estampilla, los demás no y es un desequilibrio constante y una incertidumbre financiera y estructural frente a las demás comisarías de Colombia, puesto que el ordenador del gasto son la alcaldías”.

Agrega que sin la voluntad política ni la claridad normativa, la estampilla pro justicia familiar y el presupuesto público se desdibujará sin resolver las necesidades que enfrentan las comisarías de familia en el país.

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“Hay colegas que se desplazan en taxi para hacer restablecimiento de derechos, no tienen línea de celular oficial para reaccionar 24/7, tampoco cuentan con los dispositivos tecnológicos óptimos, son obsoletos y no hay conexión a red. Advertimos eso para que se analice cómo avanza el proyecto de reforma normativa, teniendo en cuenta el impacto económico que atravesamos. Una de las comisarías es la de La Dorada con más de mil millones de pesos recaudados, pero el funcionario manifestaba que desconocía cómo se destinaban esos recursos, mientras que en otros municipios se desviaban los dineros para fortalecer las entidades territoriales y ese fue el llamado que también hizo el ministerio”.

Otro punto de reclamación es que Chinchiná no cuenta con la estampilla pro justicia familiar, a pesar del registro que en el periodo anterior poseía cerca de $ 100 millones. El pronunciamiento se realizó en una sesión de asistencia técnica liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho en el departamento de Caldas.