Piden al Consejo de Estado la “muerte política” del senador Ciro Ramírez por corrupción

Caracol Radio conoció en primicia que fue demandada ante el Consejo de Estado la curul del senador Ciro Ramírez del Centro Democrático en el congreso y además fue objeto de solicitud de pérdida de investidura o “muerte política” tras ser condenado por corrupción.

La acción judicial fue presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, quien consideró que el congresista del uribismo tiene que ser retirado del cargo y se le debería prohibir ser nuevamente elegido en cargos públicos, tras la sentencia a 23 años de prisión en su contra por el escándalo de las “Marionetas 2.0″.

El abogado anunció que entregarán la credencial que acredita a Ciro Ramírez como congresista para el año 2021, en el que ocurrieron los hechos, con el fin de cumplir todos los requisitos ya que el Consejo de Estado solicitó la entrega de dicho documento para admitir la demanda que entrará al despacho del magistrado Wilson Arias Girón.

Lo anterior, luego de que el despacho del magistrado advirtiera que los demás requisitos de hechos y conductas que cometió Ciro Ramírez, según la Sala de Primera Instancia, fueron debidamente acreditados para pasar a estudio, pero requiriera la subsanación de ese requisito formal.

“El día lunes se procederá a subsanar la demanda para que prosiga el trámite ante el Consejo de Estado. Valga señalar que el Consejo de Estado ordena al CNE que acredite la condición de senador del senador Ciro Ramírez. Por lo cual, la acción de pérdida de investidura proseguirá para la pérdida de investidura del senador Ciro Ramírez” señaló el abogado demandante.

Los argumentos de la demanda que pide la “muerte política” de Ciro Ramírez

En el documento de 541 páginas en poder de este medio, el demandante señaló que con las conductas por las que Ciro Ramírez fue condenado, en primera instancia, el congresista trasgredió la ley e incurrió en tráfico de influencias e indebida destinación de recursos públicos.

Esto, debido al esquema delictual por el que fue hallado responsable, en donde intercedió para favorecer con por lo menos 13 contratos desde el DPS, por valor de 24.000 millones de pesos, a la empresa Proyecta Quindío. a cambio de beneficios, tanto económicos como electorales, para su campaña al Senado de la República.

“En el marco del proceso penal se acreditó que el demandado utilizó su investidura para influir en servidores públicos (...) pues, utilizó a Katherine Rivera Bohórquez en calidad de asistente de su UTL para programar las reuniones con los terceros interesados y los contratantes pertenecientes a PROYECTA, DNP y los gobernadores de los departamentos del Amazonas y Putumayo” se lee.

De acuerdo con la demanda del abogado Moreno Hernández, el tráfico de influencias en el que habría incurrido el senador Ciro Ramírez, fue acreditado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Allí se expuso su gestión indebida en favor de la empresa Proyecta y se citaron otros casos similares como el ocurrido con el exsenador Musa Besaile en el pasado.

“Se encuentra acreditado que la actuación del demandado buscó la obtención de beneficios indebidos, tanto económicos como políticos, lo cual evidencia que la influencia ejercida careció de neutralidad institucional. La existencia de acuerdos previos para el direccionamiento de contratos y la recepción de dádivas permiten concluir que el uso de la investidura se desvió hacia la satisfacción de intereses particulares” se lee en el texto.

Según lo expresado en la acción judicial, las actuaciones del senador Ramírez por las que fue condenado en primera instancia, significan una degradación de las obligaciones contenidas en la ley quinta del congreso, rompiendo la confianza entre el electorado y sus representantes.

“El acervo probatorio, que incluye la acreditación de acuerdos previos y la recepción de dádivas, demuestra que la conducta del senador Ramírez no fue una gestión incidental, sino una desviación sistemática del poder orientado al beneficio económico y político” indica la demanda.

En cuanto a la destinación indebida de recursos públicos, la demanda también solicita que se le aplique al senador del Centro Democrático la “muerte política” por estos hechos.

Para el accionante contra el congresista, las conclusiones de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema demuestran que el esquema de corrupción liderado por Ramírez canalizó recursos públicos hacia sí mismo por medio de coimas y también para particulares generando beneficios indebidos, así como alejando las licitaciones públicas de su fin colectivo en pro de la comunidad.

“La configuración de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos se ve reforzada por la condición profesional del demandado como abogado, circunstancia que permite inferir un mayor grado de conocimiento sobre la antijuridicidad de su conducta y sobre las normas que rigen la contratación estatal” se lee.

En criterio del abogado Joan Sebastián Moreno las conductas por las que Ciro Ramírez fue sentenciado en primera instancia afectaron gravemente la moralidad pública produciendo un esquema de tráfico de influencias de la mano con una desviación de los recursos públicos.

“La declaratoria de pérdida de investidura se impone como la consecuencia jurídica necesaria frente a la acreditada desviación del poder y la afectación del interés general” concluye la demanda.

Adicional a los argumentos planteados, el demandante solicitó que se decreten los testimonios de Lina Marcela Roldán, gerente de la empresa Proyecta, para que “se pronuncie sobre las afectaciones sufridas por la entidad como consecuencia de las conductas investigadas y posteriormente sancionadas”.