Mina La Mandinga en base militar del Bajo Cauca tiene licencia ambiental desde 2022
Corantioquia alertó que se identificó un segundo polígono que no cuenta con el título minero aprobado.
Complejo de minería ilegal en inmediaciones de una base militar.
Cáceres, Antioquia
Corantioquia se pronunció sobre la polémica por la mina ubicada en la vereda Río Man, sector Mandinga, en Cáceres, luego de que una investigación del New York Times advirtiera su presencia en predios militares y su presunta relación con el Clan del Golfo.
En un comunicado, la autoridad ambiental aclaró que en la zona se evidenció la existencia de dos proyecos diferentes. La Mina Mandinga (placa ODH-08201), cuenta con licencia ambiental temporal otorgada en 2022 para la explotación de oro y plata, en el marco de un proceso de formalización minera que cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos y ambientales; ubicándose aproximadamente a un kilómetro del Batallón de Infantería N.° 31 Rifles.
Por otro lado, se identificó un segundo polígono en trámite de formalización (placa LID-09161) que no cuenta con licencia ambiental aprobada, por lo que actualmente no tiene habilitado ningún instrumento ambiental para desarrollar actividades mineras.
Investigaciones y control a la minería ilegal en el Bajo Cauca de Antioquia
Corantioquia advirtió que las condiciones de orden público que históricamente han afectado al Bajo Cauca antioqueño representan retos operativos que dificultan garantizar su presencia permanente en los territorios donde se desarrollan estas actividades. No obstante, aseguró que ha mantenido labores de seguimiento, control y articulación interinstitucional.
En ese contexto, la entidad explicó que desde 2011 ha puesto en conocimiento de la Agencia Nacional de Minería, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República distintos informes relacionados con situaciones asociadas a la actividad minera, en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia ambiental.
Corantioquia también enfatizó que, de acuerdo con el artículo 332 de la Constitución, el subsuelo es propiedad del Estado, por lo que la facultad de otorgar títulos mineros recae exclusivamente en la Agencia Nacional de Minería. En ese sentido, reiteró que no tiene competencia en la asignación de estos títulos, sino en la evaluación de los estudios de impacto ambiental y el seguimiento a los proyectos una vez cuentan con autorización minera.
La autoridad ambiental hizo un llamado a fortalecer la articulación institucional y la presencia del Estado en el Bajo Cauca antioqueño, e invitó a los actores del sector a avanzar en procesos de formalización minera como una vía para cumplir la normativa y aportar a la protección de ecosistemas estratégicos.
