Corte Suprema confirma condena a Rodolfo Palomino por tráfico de influencias
El alto tribunal ratificó la pena de siete años contra el exdirector de la Policía por intentar frenar una captura en 2014.
Rodolfo Palomino. Foto: Colprensa(Thot)
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de siete años de la Sala de Primera Instancia de la Corte contra el general (r) Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias, al concluir que utilizó su cargo como director de la Policía Nacional para intervenir en una investigación penal y favorecer a un particular en un caso relacionado con despojo de tierras.
La decisión ratifica la sentencia emitida en 2024, que incluye una multa cercana a 175 salarios mínimos y una inhabilidad de nueve años para ejercer cargos públicos, además de negarle la prisión domiciliaria.
¿Qué fue lo que definió el caso?
Los hechos se remontan a 2014, cuando Palomino, en ejercicio de su cargo, visitó en su residencia a la fiscal Sonia Velazquez encargada de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba.
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Durante ese encuentro, el entonces director de la Policía le propuso suspender la captura de uno de los investigados, el ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo, argumentando su influencia y relevancia social.
De acuerdo con la Corte, esta no fue una conversación informal ni un acto institucional, sino un intento directo de alterar el curso de la justicia. Una grabación realizada por la fiscal, que fue validada como prueba, evidenció cómo Palomino sugirió “dejar pendiente” la captura, lo que constituyó una presión indebida sobre la funcionaria. 
El alto tribunal concluyó que “solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta, lejos de catalogarse como una conducta inherente a los deberes oficiales que le asistían al general en retiro, se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido”, dijo la Sala.
Cabe aclarar que el contexto del proceso aumenta la gravedad de los hechos, pues la investigación en la que intervino Palomino estaba relacionada con el Fondo Ganadero de Córdoba, con presuntos casos de despojo de tierras en el Urabá antioqueño.
A su vez, el empresario cuya captura intentó frenar estaba siendo investigado por delitos graves como concierto para delinquir y desplazamiento forzado, asociados a estructuras paramilitares que operaron en la región.
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La Corte determinó que el exdirector utilizó el prestigio y la autoridad de su cargo para presionar a la fiscal, lo que constituye una desviación de poder y un uso indebido de funciones públicas, además de poner en riesgo el acceso a la justicia de víctimas del conflicto armado, especialmente campesinos despojados de sus tierras.
Además, rechazó los argumentos de la defensa, que buscaban anular el proceso por prescripción o cuestionar la legalidad de las pruebas, y confirmó la validez de la grabación como elemento clave para establecer los hechos.
