Al menos 11 alcaldes de capitales han sido amenazados, según informe de Asocapitales
Asocapitales advierte un patrón creciente de intimidaciones contra mandatarios y funcionarios, ligado a decisiones contra economías ilegales.

Imagen de referencia de amenazas telefónicas. / sarayut Thaneerat

Un informe publicado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) encendió las alertas sobre el aumento de amenazas contra alcaldes y funcionarios en distintas regiones del país.
De acuerdo con el análisis, entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026 al menos 11 alcaldes de ciudades capitales han sido víctimas de amenazas, alertas de atentados o situaciones de riesgo contra su vida. A estos casos se suman más de ocho episodios que involucran a equipos institucionales y servidores públicos.
El documento advierte que no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno con patrones recurrentes que afecta la gobernabilidad y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios.
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Entre las situaciones identificadas se encuentran amenazas directas a mandatarios en ciudades como Cúcuta, Cartagena y Florencia, así como presuntos planes de atentado en Medellín, Barranquilla y Cali. También se reportan alertas de riesgo en otros casos, como el del alcalde de Bogotá.
El informe señala que estas intimidaciones suelen presentarse cuando las administraciones locales adoptan medidas que afectan intereses ilegales, como operativos contra estructuras criminales, control del espacio público o acciones frente a economías ilícitas como la extorsión y el microtráfico.
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Para Asocapitales, este patrón sugiere que las amenazas están siendo utilizadas como un mecanismo de presión para condicionar decisiones públicas y limitar la acción del Estado en las ciudades.
El director ejecutivo de la entidad, Andrés Santamaría, aseguró que “cuando se amenaza a un alcalde o a un funcionario, no solo se intenta intimidar a una persona, sino debilitar la autoridad del Estado en el territorio”.
En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas urgentes, como el fortalecimiento de los esquemas de protección, el aumento de capacidades de inteligencia y la priorización de las investigaciones por parte de las autoridades judiciales.
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El informe también advierte que el riesgo no se limita a los alcaldes, sino que se extiende a secretarios de despacho, equipos técnicos y funcionarios operativos, lo que amplía el impacto institucional del fenómeno.
Asocapitales reiteró que la seguridad de quienes gobiernan las ciudades es un elemento clave para garantizar la democracia y la capacidad del Estado de actuar en los territorios.
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