Todos por Medellín cuestiona nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud
La Veeduría, uno de los principales denunciantes de presuntos casos de corrupción en alcaldía Quintero, advierte riesgos para procesos judiciales en curso y pide reconsiderar decisión
Daniel Quintero | Foto: Colprensa
Medellín, Antioquia
La veeduría ciudadana Todos por Medellín cuestionó el nombramiento de Daniel Quintero Calle como superintendente nacional de Salud y advirtió posibles riesgos para la integridad de procesos judiciales que lo involucran.
En un comunicado público, la organización señaló que su preocupación “es de naturaleza institucional y tiene que ver con la garantía de justicia”, al recordar que la administración de Quintero enfrenta investigaciones con decenas de personas vinculadas.
Según el documento, “la administración de Quintero Calle enfrenta actualmente varias investigaciones con 43 personas imputadas en procesos penales por posibles hechos de corrupción entre funcionarios, contratistas y colaboradores”, incluyendo casos como Aguas Vivas y contratos relacionados con el Área Metropolitana.
Riesgos por concentración de poder
La veeduría también puso el foco en las facultades del cargo que asumiría el exalcalde de Medellín, advirtiendo que podrían incidir en el desarrollo de esos procesos.
“El cargo de superintendente nacional de Salud conlleva amplias facultades de inspección, vigilancia y control; la potestad de ordenar intervenciones forzosas y liquidaciones; y la supervisión directa de recursos que para 2026 superan los $562.000 millones de pesos”, señala el comunicado.
En ese contexto, agregaron que “esa concentración de poder en cabeza de una persona que es, al mismo tiempo, investigada y acusada ante la justicia genera un riesgo objetivo e inaceptable para la independencia de dichos procesos”.
Solicitudes al Gobierno y organismos de control
La organización pidió al presidente de la República reconsiderar el nombramiento y designar a una persona con perfil técnico, al considerar que la decisión podría afectar la imparcialidad institucional.
Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para que “se mantengan vigilantes ante cualquier posibilidad de interferencia, dilación o uso indebido de recursos públicos que pudiera derivarse de esta designación”.
Llamado a la ciudadanía
El pronunciamiento también incluyó un llamado a la ciudadanía para exigir condiciones de transparencia en los cargos públicos.
“La lucha contra la corrupción no puede ser conducida por quienes enfrentan cargos de corrupción. La justicia no puede ser vigilada por quienes son vigilados por la justicia”, concluye el comunicado.
La veeduría insistió en que su postura no busca anticipar responsabilidades penales, sino alertar sobre riesgos institucionales en medio de investigaciones en curso.
