Tribunal de Cundinamarca anula giro de $7.100 millones al municipio de Uribia por irregularidades
La decisión la celebró la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que había denunciado el desembolso.
Los conjueces que resolverán empate en la Corte Suprema sobre congresistas salpicados en caso UNGRD. Fotos: Getty Images y UNGRD.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló un giro por más de $7.100 millones destinado al municipio de Uribia, tras encontrar fallas en su justificación. La decisión se tomó después de que la entidad confirmara irregularidades en la Resolución 117 de 2024, que autorizaba el traslado de los recursos, y no cumplía con los requisitos mínimos para su aprobación.
En otras palabras, el documento no explicaba con claridad por qué era necesario entregar ese dinero, ni cómo se iba a usar exactamente.
Uno de los puntos clave del fallo es la falta de “soporte técnico, financiero y operativo”. Esto significa que la entidad que ordenó el giro no presentó estudios, cálculos o planes concretos que demostraran que el monto era adecuado y que la operación estaba bien estructurada. Sin estos respaldos, el uso de recursos públicos se considera riesgoso y puede abrir la puerta a errores o irregularidades.
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¿De qué trataba?
El dinero estaba destinado, principalmente, a la operación de carrotanques para atender una emergencia. Sin embargo, el Tribunal dejó claro que, incluso en situaciones urgentes, las decisiones deben estar bien sustentadas. Es decir, la emergencia no justifica saltarse los procedimientos ni omitir explicaciones detalladas sobre el uso del dinero.
Antes de este fallo definitivo, el Tribunal ya había tomado una “medida cautelar”, que es una decisión temporal para evitar que algo ocurra mientras se estudia el caso. En este caso, esa medida suspendió el giro de los recursos mientras avanzaba el proceso judicial, lo que impidió que el dinero saliera de las arcas públicas.
El fallo se dio a favor de la UNGRD, ya que la entidad detectó posibles irregularidades y decidió frenar el desembolso y acudió a la justicia a través de una denuncia para que fuera un juez quien definiera si el giro era legal o no.
“Desde que llegamos a la entidad, tomamos la decisión de frenar estos giros y acudir a la justicia. Hoy el Tribunal confirma que las decisiones sobre recursos públicos deben estar debidamente sustentadas y ajustadas a los procedimientos”, afirmó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.
A su vez, se concluyó que el caso hace parte de un grupo de siete giros que, en conjunto, suman cerca de $600.000 millones y que fueron autorizados en 2024 durante los últimos días de la administración anterior por Olmedo López.
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En tres de esos casos, las decisiones se echaron atrás directamente (lo que se conoce como “revocatoria directa”), mientras que en los demás fue necesario acudir a los tribunales.
La UNGRD aseguró que “continuará adelantando las acciones necesarias para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios que rigen la gestión del riesgo en el país”.
