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Nariño enfrenta nuevas dinámicas de violencia y reclutamiento, advierte ONU DD.HH.

Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia reconoce avances y advierte graves riesgos en la región

Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado para los derechos humanos

Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado para los derechos humanos

Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado para los derechos humanos

Pasto-Nariño

A pesar de los avances en materia de protección de los Derechos Humanos en Colombia, departamentos como Nariño tienen aún grandes desafíos principalmente en aras de proteger a menores de edad que siguen siendo reclutados y liderazgos sociales amenazados y hasta silenciados.

En diálogo con Caracol Radio, Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado para los derechos humanos, habló de la situación del departamento y los resultados de un recorrido realizado en la costa pacífica de Nariño, constatando la realidad que hoy viven muchas comunidades en donde asegura hay una especie de ‘pacto de silencio’ que impide visibilizar la complejidad de las vulneraciones de los derechos fundamentales.

Según el informe anual del 2025 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Nariño persiste el conflicto armado y se han fortalecido grupos armados no estatales. “Organizaciones criminales continúan afectando a la población civil, debilitando el tejido social y generando control territorial mediante homicidios, amenazas, extorsiones, reclutamiento, violencia sexual, y privaciones de libertad, entre otras vulneraciones”

Campbell asegura que en Nariño se ha presentado una reconfiguración de la violencia que incluye: el surgimiento de nuevos grupos armados, como las autodenominadas Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), nuevas dinámicas de control comunitario que debilitan la autonomía de autoridades étnicas.

De igual manera constata el reclutamiento de niños y niñas y las restricciones a la libertad de movimiento, la instrumentalización y/o coerción de la jurisdicción especial indígena y una serie de amenazas y presión por parte de los grupos armados no estatales en contra de los liderazgos locales, buscando imponer una “ley del silencio” para evitar denuncias y visibilizar de la situación.

Aseguró que a través de redes sociales a las que acceden los menores de edad. éstos están siendo reclutados.

Impacto de las mesas regionales de paz

En relación con las mesas de diálogo regional y la posible implementación de distritos mineros en Nariño como resultado de las mismas, ONU Derechos Humanos expresa preocupación por las limitaciones a la participación comunitaria, y al pleno ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos Indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Ante lo cual plantea la necesidad de adoptar medidas para prevenir el riesgo de un incremento de la minería ilegal, la venta forzada de tierras, afectaciones al agua, y presiones a las autoridades étnicas.

Más información

Sobre los diálogos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, ONU Derechos Humanos recibió alegaciones de amenazas y presiones en contra de liderazgos sociales que no están de acuerdo con las estrategias de control social ejercidas por el grupo en contra de las juntas de acción comunal y organizaciones campesinas.

De igual manera se recibieron denuncias en las que se cuestiona la falta de espacios plurales y seguros de participación en las decisiones que se toman en la mesa sobre el desarrollo territorial y la protección del medio ambiente, así como para presentar casos de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

En los casos de las denominadas Zonas de Ubicación Temporal (Nariño, Putumayo y Catatumbo) subsiste un alto nivel de incertidumbre por parte de las comunidades sobre las implicaciones de su materialización y la capacidad del Estado de garantizar protección a la población civil.

También continúa siendo un desafío para la Fuerza Pública su deber de prevenir y proteger a la población civil, debido a las acciones de grupos criminales que está vulnerando los derechos humanos en vario departamentos y precisa en el caso de Nariño el uso de escuelas por parte de grupos armados no estatales y enfrentamientos entre grupos que interrumpieron clases y pusieron en riesgo a la comunidad educativa.

A esto se suman casos de explotación sexual y la trata de personas perpetradas por integrantes de grupos armados no estatales.

El informe reconoce avances importantes a nivel nacional en relación con la apertura del Gobierno y la cooperación con mecanismos internacionales de derechos humanos, recibiendo tres visitas oficiales de relatoras especiales de las Naciones Unidas.

Con Relación a Nariño considera positivo que la Gobernación de Nariño impulse y acompañe las dos mesas de Diálogos de Paz Territorial, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y los Comuneros del Sur, logrando una disminución de los casos de desplazamiento y confinamiento cometidos por grupos armados no estatales. De igual manera el inició de la destrucción de armamento y del desminado humanitario, la creación de mecanismos para la búsqueda de personas desaparecidas.

En el informe anual del 2025 se reconoce la disminución significativa de los índices de la criminalidad, incluyendo la disminución de las cifras de homicidios y feminicidios, entre otros.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

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