Corte Constitucional convoca mesa de seguimiento al sistema de salud: Ministro Jaramillo fue citado

SALUD

La Corte Constitucional con auto del magistrado Carlos Camargo citó a una mesa técnica sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un espacio clave para evaluar la financiación del sistema de salud en Colombia, en medio de un incidente de desacato por el posible incumplimiento de órdenes estructurales.

El alto tribunal decidió incluir a nuevas entidades como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), además de organizaciones del sector salud y representantes de pacientes, con el fin de fortalecer el análisis técnico sobre los recursos que sostienen el sistema.

A la sesión, que se realizará el próximo 13 de abril en Bogotá, fueron citados el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el DNP y la Administradora de los Recursos del Sistema (ADRES), junto a organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de Salud.

Se espera que asista el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y además, la Superintendencia de Salud, que ha estado en la lupa de los colombianos pues aún no define que es lo que pasará con la Nueva EPS.

Otras entidades citadas por Corte

También participarán entidades técnicas como el DANE y el Observatorio Así Vamos en Salud; gremios del sector como ACEMI, Gestarsalud, Asocajas, la ANDI y la Cámara de Comercio Colombo Americana; así como prestadores de servicios como la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) y ACESI.

A la discusión se suman representantes de la industria farmacéutica como AFIDRO y ASINFAR, además de organizaciones de pacientes como Pacientes Colombia, Pacientes de Alto Costo y la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales. Igualmente, fue convocada la academia, con la participación de la Universidad El Bosque.

El objetivo de esta mesa técnica es recolectar información que permita establecer si la UPC, el valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema, es suficiente para cubrir los costos reales en salud.

Este proceso se desarrolla bajo la figura de incidente de desacato, lo que implica que el Gobierno deberá responder ante la Corte por el cumplimiento de las órdenes emitidas en la sentencia T-760 de 2008, que transformó el sistema de salud en el país.