Siete personas judicializadas por presuntos sobrecostos en programas de alimentación en La Guajira

Un entramado de corrupción que afectó contratos destinados a la atención de la primera infancia y mujeres gestantes en La Guajira fue descubierto por la Fiscalía General de la Nación, dejando un detrimento patrimonial superior a 860 millones de pesos. Siete personas, entre exfuncionarios del ICBF y particulares, fueron judicializadas por su presunta participación en los hechos.

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Según la investigación, los implicados habrían inflado los costos de las raciones suministradas a grupos étnicos y comunidades rurales en los municipios de Riohacha y Manaure entre febrero y diciembre de 2019.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que los supervisores de los contratos habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista”, señala el informe de la Fiscalía.

Entre los señalados están los exfuncionarios Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, así como los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera. De acuerdo con la Fiscalía, estos últimos actuaban como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras, y se habrían usado facturas infladas para justificar pagos adicionales.

La investigación detalla que la empresa contratista, representada por Barliza Rivera, presentó informes financieros con valores incrementados, lo que permitió que los exfuncionarios autorizaran desembolsos mayores a los correspondientes. Este mecanismo de sobrecostos habría generado un perjuicio económico considerable para los recursos públicos destinados a población vulnerable.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de La Guajira imputó a los implicados delitos como peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer con precisión la extensión del detrimento y la participación de cada implicado.