Judicializan en Girardota a agentes de la Sijín por pedir dinero a transportador para no capturarlo
Los investigadores extorsionaron a un hombre para no capturarlo y devolverle su vehículo de carga, supuestamente hurtado, en Girardota.
Imagen de referencia del agente de la Sijín. Foto: Colprensa / Juan Manuel Cantillo(Thot)
Girardota, Antioquia
La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia a cuatro investigadores de la Sijín de la Policía Nacional, al ser acusados de exigir altas sumas de dinero a un hombre, a cambio de no capturarlo y devolverle su vehículo de carga, que supuestamente había sido hurtado.
Según la investigación de las autoridades, el 4 de noviembre de 2025, Diego Alejandro Correa Morales, Ramiro Cabeza Peñaranda, Andrés Mauricio Agudelo Giraldo y Erika Julieth Villa Farfán, citaron al propietario del vehículo en un parqueadero de Girardota. En ese lugar le indicaron que sería capturado en flagrancia, argumentando que la volqueta presentaba inconsistencias en su identificación, como el presunto regrabado del motor.
La Fiscalía señala que ese mismo día los agentes de la Sijín habrían recibido 5 millones de pesos para no hacer efectiva la captura del propietario. No obstante, el conductor del vehículo sí fue detenido y dejado a disposición de las autoridades.
Un día después, tres de los uniformados habrían vuelto a contactar a la víctima y la citaron en un centro comercial del oriente de Medellín. En ese encuentro, le presentaron a quien sería el supuesto dueño legítimo del vehículo y le exigieron 350 millones de pesos adicionales para no continuar con el proceso de la captura.
Las autoridades revelaron que ese mismo día, de manera indebida, la volqueta fue retirada del parqueadero mediante el uso de una grúa, sin que se informara oficialmente su destino.
Detalles de la captura
Los cuatro investigadores fueron capturados el pasado 18 de marzo por unidades de la Dijín. Durante las audiencias concentradas, no aceptaron los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
La Fiscalía les imputó los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue apelada por la defensa.
