Las advertencias a la junta de Ecopetrol sobre Ricardo Roa
El documento contempla que se abran investigaciones formales contra Roa mientras ejerce como presidente de Ecopetrol, lo que elevaría aún más los riesgos para la compañía.
Las advertencias a la junta de Ecopetrol sobre Ricardo Roa
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Desde agosto de 2023 se viene advirtiendo a la junta directiva de Ecopetrol sobre los riesgos de tener en la presidencia de la compañía a Ricardo Roa. Un análisis rutinario de la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento de agosto de 2023, titulado “Debida Diligencia y Recomendaciones Presidente Roa”, incluyó un breve análisis de las firmas internacionales Miller & Chevalier y Shearman & Sterling. Ambas coincidieron en que no era necesario separarlo temporalmente del cargo, ya que en ese momento no existía ninguna investigación formal en su contra y los hechos mencionados en medios eran anteriores a su llegada a la compañía. Sin embargo, recomendaron mantener un monitoreo permanente de la situación jurídica y que la junta directiva creara un comité especial dentro del Comité de Auditoría para evaluar escenarios y hacer seguimiento al caso.
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El informe también advierte un riesgo reputacional interno: que el auditor externo de Ecopetrol pudiera cuestionar la confianza en la presentación de los estados financieros si las investigaciones avanzan y afectan la credibilidad del presidente de la compañía.
Unos meses después, el 13 de marzo de 2024, se entregó otro informe, esta vez por parte de la consultora británica Control Risks. Ese reporte, del que Juan Pablo Calvas leyó un fragmento ayer en 6AM W, también planteaba varios escenarios que pretendían evaluar la exposición de Ecopetrol a distintos riesgos.
Es una herramienta para anticipar situaciones futuras —acciones, decisiones o factores externos— que podrían generar niveles distintos de riesgo para la empresa y su junta directiva. Entre esos escenarios, el segundo evalúa la eventual imputación de cargos contra Ricardo Roa por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, cuando se desempeñó como gerente de campaña. Según el análisis, este escenario tendría un impacto alto para Ecopetrol, principalmente por el daño reputacional y el aumento del escrutinio político y mediático sobre la compañía. También advierte que una imputación podría generar cuestionamientos sobre la gobernanza corporativa y aumentar la presión sobre la junta directiva y las decisiones del presidente de la empresa.
En el tercer escenario, el documento contempla que se abran investigaciones formales contra Roa mientras ejerce como presidente de Ecopetrol, lo que elevaría aún más los riesgos para la compañía. En particular, advierte sobre el impacto que esto podría tener en los mercados internacionales, dado que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Además, menciona el aumento de filtraciones de información, presión política sobre la empresa y mayor incertidumbre entre inversionistas, reguladores y socios comerciales sobre la estabilidad y la independencia del gobierno corporativo de la compañía. Y luego, el escenario 5 habla de investigaciones formales contra Ricardo Roa en EE. UU. siendo presidente de Ecopetrol.
Este escenario se centra en la apertura de investigaciones regulatorias (por la Comisión de Bolsa y Valores, SEC) o penales (Departamento de Justicia) en EE. UU. contra el presidente de Ecopetrol, la junta directiva o la empresa, y las posibles sanciones derivadas. Como en el escenario 3, los motivos serían:
- Presunta influencia indebida en el otorgamiento de contratos con el Estado o en la vinculación laboral en entidades públicas de terceros de su círculo cercano; y
- Presuntos conflictos de interés en decisiones que involucran a Ecopetrol o a sus filiales (detallados en el anexo del documento).
Este escenario se consideraba en ese momento, marzo de 2024, creíble en un plazo de 6 a 18 meses. Según el informe, la información pública disponible sobre las relaciones personales, profesionales y comerciales del presidente de Ecopetrol y de su pareja con empresarios del sector de hidrocarburos y donantes de la campaña presidencial podría ser suficiente para provocar una investigación preliminar de la SEC. Dos años después de la publicación, Roa ha sido imputado por el delito de tráfico de influencias relacionado con la compra del apartamento 901 en Bogotá, y los contratos posteriores que la petrolera le dio al comprador, el excoronel Juan Guillermo Mancera. Todavía le falta una imputación por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales, que ocurrirá el próximo 8 de abril.
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