ANI multa con $14.200 millones a Puerto Pisisí por incumplir garantías del contrato portuario

Turbo, Antioquia

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) impuso una multa de $14.286 millones a la sociedad Puerto Pisisí S.A.S. por incumplimientos relacionados con la presentación y vigencia de las garantías dentro del contrato de concesión del proyecto portuario que se proyecta en la vereda Casanova, en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño.

Según la resolución expedida por la ANI, el incumplimiento se configuró luego de varios requerimientos realizados al concesionario desde febrero de 2023 para que presentara las garantías necesarias para el perfeccionamiento del contrato y la firma del acta de inicio.

Sin embargo, el proyecto no ha podido comenzar y ni siquiera cuenta con acta de inicio, pese a que desde hace años se ha anunciado su puesta en marcha.

El abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, aseguró que la sanción confirma una cadena de incumplimientos que se han prolongado durante años.

“Una multa de 14.200 millones de pesos fue impuesta a Puerto Pisisí, un puerto en Urabá en el municipio de Turbo que hace más de ocho años están diciendo que pronto empieza y hoy tiene una multa. El Estado concedió un contrato por 30 años y ni siquiera hay acta de inicio porque no se han presentado las garantías contractuales”, explicó.

Vega también señaló que, además de los problemas con el contrato de concesión, la empresa mantiene incumplimientos con víctimas del conflicto armado que reclaman tierras en la zona donde se proyecta el puerto.

Las seis familias, representadas por la Fundación Forjando Futuros, cuentan con fallos judiciales a su favor dentro de procesos de restitución de tierras y firmaron un acuerdo con la empresa que incluye la entrega de 30 hectáreas de tierra, vivienda, un proyecto productivo y la creación de una empresa cooperativa, compromisos que aún no se han cumplido.

El abogado destacó además que las víctimas fueron reconocidas como parte interesada dentro del proceso sancionatorio contra la empresa.

“Hoy las víctimas hacen parte de este proceso sancionatorio. Han sido aceptadas por la Agencia Nacional de Infraestructura como parte interesada”, agregó.

Reclamantes de tierras

Por su parte, Yuranis Pacheco Pedroza, una de las reclamantes de tierras, aseguró que las familias continúan esperando respuestas frente a los acuerdos firmados.

“Queremos que miren la situación de las víctimas. Nos sentimos engañados y vulnerados porque ellos ni siquiera aparecen ni muestran interés en responder por los acuerdos que ellos mismos firmaron”, expresó.

Las víctimas aseguran que llevan cerca de seis años esperando el cumplimiento de esos compromisos, mientras algunas familias continúan desplazadas y viviendo en condiciones precarias.

El caso de Puerto Pisisí ya había generado controversia en febrero de este año, cuando las víctimas presentaron una denuncia penal contra la empresa por presunta estafa agravada y abuso de confianza por el incumplimiento de los acuerdos relacionados con la restitución de tierras.