Condenan a siete personas por explotar niños indígenas para mendicidad en Medellín

Medellín, Antioquia

Siete integrantes de una red dedicada a la explotación de niños y niñas indígenas Emberá Katío en Medellín fueron condenados tras aceptar su responsabilidad mediante preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación.

Los sentenciados son Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar.

Operaban en El Poblado

La investigación permitió documentar 10 hechos ocurridos entre 2024 y 2025 en los que los procesados instrumentalizaron a menores de edad de la comunidad indígena para solicitar ayuda en distintos puntos de El Poblado, uno de los sectores con mayor presencia de turistas nacionales y extranjeros en Medellín.

Según la Fiscalía, los niños eran utilizados para pedir la compra de pañales, leche y otros productos de primera necesidad, elementos que posteriormente eran revendidos para obtener ganancias económicas.

Algunas de las mujeres recorrían las calles con bebés en brazos y exhibían carteles alusivos a necesidades básicas para sensibilizar a los transeúntes.

Compraban y revendían los productos

De acuerdo con la investigación, Ana Lucía López Sánchez, propietaria de un establecimiento comercial, era una de las personas encargadas de adquirir los productos obtenidos mediante esta modalidad y coordinar su posterior comercialización.

Por su parte, Wilfreddy Johan Godoy Villamizar cumplía funciones relacionadas con el transporte y la distribución de los artículos que eran revendidos.

La Fiscalía concluyó que cada uno de los condenados cumplía un rol específico dentro de la estructura dedicada a la explotación de los menores.

Penas de hasta 39 meses de prisión

Una juez penal de conocimiento avaló los preacuerdos suscritos con la Fiscalía y condenó a los siete procesados por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad.

Las penas impuestas oscilan entre 24 y 39 meses de prisión, de acuerdo con el grado de participación de cada uno en los hechos investigados.