ANT expone ante la Corte Constitucional urgencia de poner en marcha la Jurisdicción Agraria
Hoy hay alrededor de cinco demandas sobre procesos agrarios radicadas en 2023 y todas están paralizadas en su trámite. Se trata de trámites complejos que requieren un análisis especializado en materia técnica, ambiental y agraria.
Durante la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar el alcance del artículo 238A de la Constitución Política y estudiar la demanda presentada por la Agencia Nacional de Tierras —ANT— contra la fase judicial del procedimiento único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 (Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras), el director de la entidad, Juan Felipe Harman Ortiz, expuso cifras y argumentos jurídicos sobre la necesidad de que el país ponga en funcionamiento ya la Jurisdicción Agraria.
En su intervención, Harman Ortiz sostuvo que la creación de la Jurisdicción Agraria no solo es un mandato constitucional, sino una condición necesaria para garantizar que jueces especializados decidan sobre conflictos rurales complejos.
Al mismo tiempo, defendió que la ANT mantenga sus facultades administrativas en los procesos agrarios orientados a materializar el Acuerdo de Paz.
“Es fundamental que el Congreso le cumpla al campo en los 60 días legislativos que restan. Los campesinos no pueden seguir esperando décadas para que la justicia los escuche y les reconozca sus derechos”, afirmó el director de la ANT.
Procesos paralizados en la justicia ordinaria
El funcionario advirtió que actualmente existen alrededor de cinco demandas de procesos agrarios radicadas en 2023, las cuales, literalmente, están paralizadas en su trámite. Se trata de trámites complejos, como deslindes, que requieren un análisis técnico, ambiental y agrario especializado.
En 2025, la ANT radicó más de 13 demandas que involucran 15 procesos agrarios sobre 16.381 hectáreas, los cuales se encuentran en condiciones similares. “Estamos hablando de más de 16.000 hectáreas que están en fase inicial y también se encuentran en un limbo, pese a haber sido radicadas ese año”, explicó el director de la Agencia.
Estos procesos enfrentan tensiones competenciales entre despachos civiles del circuito y el control contencioso administrativo de las decisiones adoptadas por la Agencia, lo que ha generado demoras adicionales.
Más de 45.000 hectáreas, en trámite administrativo
La Agencia Nacional de Tierras informó que actualmente adelanta más de 208 procesos agrarios en fase administrativa, que en conjunto suman cerca de 45.000 hectáreas adicionales.
Según la entidad, ante la inexistencia de una jurisdicción en funcionamiento, estos casos terminarían ingresando a la congestión de la justicia ordinaria, lo que podría prolongar los tiempos de decisión y ralentizar el acceso efectivo a la justicia para comunidades campesinas en el país. Para el director de la ANT, es una preocupación alarmante.
En caso de conflictos agrarios, con la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural, estos procesos no tendrían que ingresar a la congestión de los despachos ordinarios, sino que serían tramitados por jueces especializados con prioridad dentro de la administración de justicia.
La Corte Constitucional continuará el análisis del caso con base en los argumentos presentados por el Gobierno, académicos, congresistas, gremios y organizaciones campesinas, antes de adoptar una decisión de fondo.
El director de la Agencia puntualizó al final de la audiencia: “Esperamos una decisión favorable de la Corte Constitucional que reconozca y reivindique que la autoridad nacional de tierras pueda avanzar sustancialmente en dignificar las condiciones de justicia para el campo colombiano”.
