Testigo asegura que alertó a Daniel Quintero y sus secretarios de presunto contrato irregular

Medellín, Antioquia

En la continuación del juicio oral contra el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, la exsecretaria de Infraestructura Natalia Urrego y Luz Eliana Henao, representante legal de Reforestadora El Líbano, uno de los testigos de la Fiscalía aseguró que las alertas sobre un presunto entramado para direccionar contratos fueron puestas en conocimiento de altos funcionarios de la administración del entonces alcalde Daniel Quintero Calle.

El testigo fue Jorge Ojalvo Prieto, exintegrante de la Junta Directiva del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, quien afirmó que desde esa entidad se informó de la situación a la entonces secretaria de Infraestructura Natalia Urrego, al exsecretario de Gobierno Esteban Restrepo Taborda, a la exsecretaria privada María Camila Villamizar y al propio exalcalde Daniel Quintero, sin que, según su declaración, se hubiera adelantado alguna investigación o medida frente a los hechos denunciados.

La llamada que desató las alertas

En audiencias anteriores del mismo proceso ya había declarado la directora del Jardín Botánico, Claudia García, quien relató un episodio ocurrido el 11 de mayo de 2020. Según su testimonio, hacia las 4:00 de la tarde recibió una llamada de la entonces subsecretaria de Infraestructura Física, Jennifer Quinceno, quien le preguntó por los procedimientos para contratar personal en esa entidad.

García explicó ante el juzgado que respondió detallando que el Jardín Botánico utilizaba convocatorias abiertas y procesos de selección basados en perfiles técnicos, verificación de antecedentes y cumplimiento de requisitos. La conversación se interrumpió y posteriormente, al intentar retomar el contacto, propuso una reunión virtual debido a las restricciones de movilidad por la pandemia, pero no obtuvo respuesta.

Horas después, según su relato, recibió otra llamada de Astrid Helena Barrera, supervisora del contrato que el Jardín Botánico adelantaba con la Secretaría de Infraestructura. Durante esa conversación, García aseguró que la funcionaria le insinuó que había interpretado mal la llamada anterior.

De acuerdo con su testimonio, Barrera le habría indicado que “esta gente está muy endeudada y necesita poner unas personas en ese contrato”. La directora afirmó que respondió que acceder a ese tipo de solicitud sería ilegal y que cualquier interesado debía participar en los procesos abiertos de selección.

El recorte del contrato

Dos días después de ese episodio, el 13 de mayo de 2020, el Jardín Botánico recibió una comunicación oficial de la Secretaría de Infraestructura, dirigida entonces por Natalia Urrego, en la que se informaba que el contrato que se negociaba con la entidad tendría una reducción significativa.

El acuerdo, que inicialmente estaba proyectado en 12 mil millones de pesos, quedaría finalmente en 7 mil millones, con el argumento de ajustes presupuestales derivados de la emergencia por el COVID-19.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los cerca de 5 mil millones de pesos que se retiraron del convenio habrían terminado posteriormente en un esquema contractual investigado por presunto direccionamiento a favor de Reforestadora El Líbano.

Las alertas que llegaron al alcalde

Durante su declaración en el juicio, Ojalvo Prieto explicó que, tras conocerse la reducción del contrato, dentro de la Junta Directiva del Jardín Botánico surgió la inferencia de que la decisión podría tratarse de una represalia por no haber accedido a las solicitudes relacionadas con la contratación de personal.

El testigo afirmó que por esa razón se buscó inicialmente una reunión con la secretaria de Infraestructura Natalia Urrego, en la que se expusieron las preocupaciones frente al posible direccionamiento de los recursos. Sin embargo, según su versión, después del encuentro no se adoptaron acciones frente a las advertencias.

Posteriormente, relató que intentaron comunicarse con el entonces secretario de Gobierno Esteban Restrepo Taborda, pero no obtuvieron respuesta. Luego lograron establecer contacto con la secretaria privada María Camila Villamizar, a quien también se le habría expuesto la situación sin que se generaran medidas.

Finalmente, indicó que se envió una carta detallando las presuntas irregularidades directamente al entonces alcalde Daniel Quintero Calle, sin que, según el testigo, se recibiera respuesta.

Debate en junta directiva por las denuncias

Durante su declaración, el testigo también hizo referencia a una reunión de Junta Directiva del Jardín Botánico en la que participaron varios funcionarios de la Alcaldía de Medellín.

Entre ellos estuvo Diana María Montoya, quien para ese momento se desempeñaba como secretaria de Medio Ambiente de Medellín y que actualmente se encuentra imputada en el proceso relacionado con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Bomberos de Itagüí.

Según el testigo, durante esa reunión algunos funcionarios del Distrito señalaron que no llevarían las denuncias ante los entes de control porque consideraban que esa actuación debía ser realizada directamente por el Jardín Botánico.

Sin embargo, de acuerdo con su declaración, los directivos del Jardín respondieron que la entidad ya había advertido de las presuntas irregularidades a la administración municipal y que, en consecuencia, la obligación de denunciar correspondía a los funcionarios públicos que conocían los hechos, pues de lo contrario podrían incurrir en omisión de denuncia.

El contrato investigado

De acuerdo con la Fiscalía, los 5 mil millones de pesos retirados al convenio con el Jardín Botánico terminaron siendo transferidos mediante un contrato interadministrativo a Metroparques, entidad que posteriormente realizó una invitación privada a tres empresas.

Las compañías invitadas, según la investigación, pertenecían a la familia de Asdrúbal Vélez, un reconocido político y empresario del municipio de Andes, en el suroeste de Antioquia, quien años después fue asesinado en medio de un presunto atraco.

Según la denuncia presentada por la Veeduría Todos por Medellín, las tres propuestas presentadas en el proceso contractual tenían características prácticamente idénticas y los representantes legales de las empresas tenían vínculos familiares entre sí y con Vélez, lo que para los denunciantes sería indicio de un posible direccionamiento.

Por estos hechos, Jorge Enrique Liévano, Natalia Urrego y Luz Eliana Henao enfrentan un proceso penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con un convenio que superó los 5.250 millones de pesos. Los tres procesados se han declarado inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía.