Queja disciplinaria por abogados que defendían congresistas y asesoraban la Comisión de Acusación
El oficio enviado a la Comisión de Disciplina Judicial amplía una queja contra tres abogados: Wilson Andrés Cadena, Carlos Arturo Gómez y Luis Carlos Torregrosa.
Queja disciplinaria por abogados que defendían congresistas y asesoraban la Comisión de Acusación
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La magistrada de la sala de instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana, envió un oficio a la Comisión de Disciplina Judicial ampliando una queja contra tres abogados: Wilson Andrés Cadena, Carlos Arturo Gómez y Luis Carlos Torregrosa.
¿Qué cuestiona? Que estos abogados tenían varios roles al mismo tiempo en procesos relacionados: defendían a congresistas ante la misma sala de instrucción de la Corte Suprema, y al tiempo actuaban como asesores de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que investiga a los magistrados de la Corte Suprema.
En un caso, el del abogado Wilson Andrés Cadena, fue designado como suplente en la defensa de un magistrado investigado por esa misma Comisión, el magistrado Francisco Farfán.
Para la magistrada Lombana, esta mezcla de funciones podría generar conflicto de intereses, porque estarían participando en decisiones o asesorías dentro de procesos donde también ejercen defensa. Además, después de que ella compulsó copias para investigar disciplinariamente al abogado Cadena, se abrió una investigación en contra de la propia magistrada Lombana con un auto que fue proyectado por el mismo abogado, lo que refuerza dudas sobre la imparcialidad.
En resumen: la magistrada advierte posibles choques de intereses y pide que se investigue disciplinariamente esa situación.
La magistrada Lombana añade que el representante Wadith Manzur, protagonista en el escándalo de la UNGRD que la sala de instrucción definirá hoy, está siendo defendido por el abogado Luis Carlos Torregrosa.
Es decir, Manzur aparece como uno de los congresistas representados por los abogados investigados, en el mismo contexto en el que esos abogados también tenían contratos de asesoría con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y participaban en la sustanciación de decisiones. Esa coincidencia de roles es la que la magistrada plantea como “posible conflicto de intereses y falta a la lealtad procesal.”
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