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Más de 30 municipios de Boyacá, bajo alerta por riesgos electorales

La Defensoría advirtió presencia de estructuras armadas en corredores estratégicos del departamento y confirmó seis rutas de protección activadas para candidatos de cara a las elecciones del 8 de marzo.

Ejército Nacional adelanta dos operaciones ofensivas contra el ELN en Boyacá . Foto: Colprensa(Thot)

Ejército Nacional adelanta dos operaciones ofensivas contra el ELN en Boyacá . Foto: Colprensa

La jornada electoral del 8 de marzo no será una cita tranquila en Boyacá. La Defensoría del Pueblo confirmó que más de 30 municipios están priorizados por riesgos al derecho al voto debido a la presencia de grupos armados ilegales y posibles presiones a candidatos y electores. La directora regional, Luisa Martínez, socializó en el Concejo de Tunja la Alerta Temprana 013 de 2025, que advierte sobre escenarios de vulneración política.

«...Esta alerta hace un llamado a una acción urgente y prioritaria por parte de autoridades municipales y departamentales...», explicó Martínez, quien detalló que se activaron seis rutas de protección para candidatos en el departamento. Aunque la información sobre amenazas es reservada, confirmó que varios aspirantes ya cuentan con esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección.

La funcionaria reconoció que Boyacá es corredor estratégico del ELN, frentes disidentes de las FARC y estructuras asociadas al Clan del Golfo. «...La presencia territorial no es un secreto y la hemos advertido en nuestras alertas tempranas...», sostuvo, aunque aclaró que el departamento no vive niveles de violencia comparables con otras regiones del país.

Uno de los puntos críticos está en Tunja: el Coliseo del barrio San Antonio, donde funciona un puesto de votación, permanece en obra. La Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales evalúa su reubicación para evitar riesgos logísticos y de seguridad.

En Boyacá hay más de un millón de ciudadanos habilitados para votar. En ciudades como Tunja y Chiquinquirá habrá biometría para evitar suplantaciones. Sin embargo, la advertencia de fondo es clara: la seguridad electoral dependerá no solo de la fuerza pública, sino de la capacidad institucional para anticiparse a presiones invisibles.

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