Denuncian posible “cartel del cáncer” en remisiones de Nueva EPS hacia clínica en Ibagué
La representante Katherine Miranda alertó sobre un presunto esquema irregular en la concentración de exámenes oncológicos de alto costo, que habría generado un crecimiento exponencial en remisiones y facturación hacia una sola IPS.
Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde. Foto: Colprensa.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció la posible existencia de un “cartel del cáncer” o un esquema irregular en la asignación de exámenes médicos de alta complejidad dentro del sistema de salud, relacionado con remisiones realizadas por la Nueva EPS hacia una clínica ubicada en Ibagué.
Según la congresista, la información recopilada por su equipo evidenciaría una concentración acelerada y masiva de exámenes PET-CT en la clínica Clinaltec, principalmente correspondientes a pacientes oncológicos remitidos desde diferentes regiones del país.
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De acuerdo con las cifras presentadas, el número de pacientes enviados desde otros departamentos ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Mientras que en 2023 la clínica recibió 176 pacientes remitidos, en 2024 la cifra ascendió a 723 y en 2025 alcanzó los 1.846 pacientes, lo que representa un incremento del 946 % frente a 2023.
Además, solo en enero de 2026 fueron remitidos 222 pacientes, superando el total registrado durante todo el año 2023.
Entre 2023 y enero de 2026 se habrían concentrado 3.374 exámenes PET-CT en esta IPS. En ese mismo periodo, la facturación pasó de cerca de 970 millones de pesos en 2023 a más de 17.600 millones de pesos acumulados.
“Estos hechos podrían configurar un posible cartel del cáncer o un esquema irregular de concentración de exámenes de alto costo que debe ser investigado”, señaló la representante Katherine Miranda.
La congresista explicó que el marco normativo del sistema de salud establece que las remisiones a otros municipios o departamentos solo deben realizarse cuando el servicio no esté disponible en la red local o regional con capacidad técnica habilitada, bajo criterios de accesibilidad, eficiencia y continuidad en la atención.
Sin embargo, Miranda aseguró que en ciudades como Bogotá y en departamentos como Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca existe tecnología PET-CT habilitada, lo que —según indicó— genera cuestionamientos sobre la necesidad de trasladar pacientes a otra región del país.
“Se requiere conocer la trazabilidad completa de las decisiones que originaron estas remisiones y los criterios técnicos utilizados por la Nueva EPS”, afirmó.
La representante también señaló que, según información conocida en el Tolima, el propietario de la clínica tendría cercanía con la familia Jaramillo, situación que —indicó— exige mayores estándares de transparencia debido al volumen de recursos involucrados.
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Otro de los puntos advertidos es el impacto económico para los pacientes. De las 3.374 remisiones analizadas, sólo 617 habrían incluido viáticos, mientras que más de 1.400 pacientes asumieron directamente los costos de traslado.
“Los organismos de control deben intervenir de manera inmediata para garantizar la transparencia y la protección de los pacientes con enfermedades de alto costo”, agregó Miranda.
