Fiscalía lanza plan estratégico para la investigación de delitos electorales

Justicia

La Fiscalía General de la Nación lanzó la estrategia transitoria de investigación y judicialización de los delitos que se presenten en medio de las elecciones legislativas y presidenciales.

Mediante la Resolución 0047 de febrero de 2026, quedó definida la hoja de ruta para conocer y abordar, con todas las capacidades institucionales, los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones.

Lea también: “Las próximas elecciones serán las más transparentes y justas”: Cristian Quiroz, presidente del CNE

Mapa de riesgo electoral

El rastreo geográfico que adelantó la Fiscalía permite identificar los fenómenos delictivos en las regiones, las condiciones de vulnerabilidad, la capacidad socioeconómica y la respuesta del Estado.

La georreferenciación permitirá priorizar las zonas con mayor incidencia.

“Paralelamente, se avanzará en análisis integrales sobre las denuncias recibidas y las investigaciones que se siguen por cualquiera de los 16 delitos electorales, así como las alertas conocidas por presencia o posible injerencia de los grupos armados ilegales, con el propósito de optimizar y orientar de mejor manera los esfuerzos”, señaló la Fiscalía.

Vea también: Queda claro que el Gobierno no está compitiendo en estas elecciones: MinInterior

Cada una de las delegadas y las direcciones se unieron para avanzar de manera articulada en la estrategia, junto con la Defensoría del Pueblo, a efectos de conocer de primera mano las alertas tempranas emitidas; y la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras autoridades electorales, para acudir a insumos de interés como el censo electoral.

Mesas de trabajo

Con relación a las acciones violentas contra candidatos y representantes de comunidades, la Fiscalía mantendrá mesas de trabajo con la Oficina del Alto Comisionado en Colombia para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales, con el propósito de obtener detalles sobre las conductas que afecten la vida, integridad y libertad de las personas o líderes que participan en el proceso y así poner en marcha las respectivas investigaciones.