Documento judicial estadounidense da claves sobre la caída de Nicolás Maduro

En marzo, en cuestión de días, empezará en Miami el juicio a David Rivera, excongresista republicano por Florida.

Rivera está acusado de actuar como lobista de intereses extranjeros, sin declararlo en el Departamento de Justicia; de recibir 20 millones de dólares de un contrato de 50 millones con una empresa controlada por el régimen de Nicolás Maduro y de lavado de activos.

Pero más allá de eso, el documento de acusación, el indictment, podría ser la piedra rosetta para entender la caída de Nicolás Maduro.

David Rivera es allegado política y personalmente al ahora secretario de Estado, Marco Rubio, con quien compartió apartamento cuando los dos eran legisladores estatales de Florida y sesionaban en Tallahassee.

El documento formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida que acusa a Rivera y a una lobista llamada Esther Nuhfer contiene una lista de personas muy influyentes, por ejemplo:

1. “Un senador de Estados Unidos que representó a la Florida”. Por la fecha y descripción, solo puede ser Marco Rubio, hoy secretario de Estado.

2. “Un representante a la Cámara por Texas”, que por todas las características es Pete Sessions, republicano, quien fuera presidente de su partido y del poderoso comité de reglas de la Cámara.

3. “Una antigua asesora del presidente de Estados Unidos”

Ahí no terminan las personas reconocidas y mencionadas en la acusación.

En el renglón 18 aparece Nicolás Maduro, quien hace unos días, a través de su abogado Barry Pollack, envió una carta negándose a declarar en el caso Rivera, invocando la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que le da derecho a permanecer callado.

En el puesto 19 de la lista está la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien la acusación contra Rivera define como una exalta ejecutiva de la estatal petrolera PDVSA y ministra de relaciones exteriores de Venezuela.

El número 20 es para alguien caracterizado como “un nacional venezolano y reconocido hombre de negocios”. Los entendidos dicen que se trata del boliburgués Raúl Gorrín, dueño del canal madurista Globovisión, y detenido hace dos semanas en Caracas junto con el colombiano Alex Saab.

Pocas veces se juntan tantos nombres, tan famosos, en un proceso criminal.

El documento que ustedes pueden ver en la página de 6AM W acusa a David Rivera y a la lobista Esther Nuhfer de haber conspirado para cometer un delito, evadiendo la ley de registro de cabilderos, para desarrollar actividades favorables al entonces gobierno de Venezuela al mando de Maduro.

Dicen que, a cambio de esto, por favor, presten atención, Delcy Rodríguez –la actual presidenta interina de Venezuela– le ordenó a los ejecutivos de CITGO un contrato con una empresa de David Rivera por 50 millones de dólares, que pagarían en 5 contados de 5 millones cada uno y un sexto por 25 millones de dólares.

El monto excede todas las tarifas habituales de una compañía de cabildeo a favor de un gobierno en Washington.

Para justificarlas David Rivera escribió un chat el 15 de abril de 2017 en el que decía “Es esencial que nos reunamos este jueves para evitar la invasión de tropas estadounidenses a Venezuela. Y ahora tengo que enviar la tercera factura”.

Inmediatamente organizó una reunión entre Delcy Rodríguez y el llamado congresista 1, es decir, el republicano Pete Sessions, para discutir un proceso para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Sucedió en abril de 2017. Es decir, la actual presidenta interina de Venezuela tenía contacto y conversaciones adelantadas desde hace un poco más de ocho años con miembros del Partido Republicano.

Después de esa reunión se conversó sobre el embargo estadounidense a CITGO, una compañía venezolana especializada en transporte y tratamiento de petróleo y otros hidrocarburos, que posee una refinería en Texas y una cadena de gasolineras que operó en muchas regiones de Estados Unidos.

En apenas 2 meses, marzo y abril de 2017, David Rivera recibió pagos por 15 millones de dólares. Para disimular de qué y de quién hablaban, crearon un código en las conversaciones.

Por ejemplo, a Nicolás Maduro le decían “el guagüero”, que en buen cubano quiere decir el chofer de bus. Para mencionar al congresista texano Pete Sessions, lo llamaban “Sombrero”, a la plata que recibían le decían “la luz” y a los millones de dólares se referían como “melones”. (Tampoco es que fueran muy originales).

La labor continuó con reuniones de David Rivera y Esther Nuhfer en Washington con “el senador”, es decir, con el ahora secretario de Estado, Marco Rubio. La primera reunión fue en una residencia privada y la segunda en un hotel.

En la primera reunión, Rivera le aseguró a Rubio que el boliburgués Raúl Gorrín había persuadido a Nicolás Maduro para que citara a elecciones libres y justas en Venezuela.

En la segunda reunión, a mitad de julio de 2017, se ratificó esto en un hotel y, además, participó por teléfono un miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, presumiblemente Jorge Rodríguez, actual presidente del legislativo y hermano de la presidenta interina.

Estaban tan entusiasmados que en el expediente hay un chat escrito en español y enviado por David Rivera el 10 de julio de 2017: “El senador (es decir, Rubio) se reunirá mañana a las 9 de la mañana con el presidente para contarle que en sus manos está la solución de la crisis con Venezuela”.

Sin embargo, poco después, Raúl Gorrín le dijo a Rivera que Maduro no aceptaba la convocatoria a elecciones libres como parte del acuerdo con Estados Unidos.

Rivera escribió en el chat, otra vez en español, y en estos términos: “Me acaba de llamar y me dijo que aunque se ha esforzado por unificar posiciones, no hay nada que hacer con el guagüero, el chofer de bus. Es hora de desplazar a Maduro. Me dijo “sin piedad”. Repito “sin piedad”.

En agosto de 2017, el primer gobierno de Trump impuso sanciones a Venezuela, a miembros del gobierno y a miembros de la familia de Maduro y de su esposa Cilia Flores. Lo cual derivó en un nuevo pedido de Maduro para conversar. Por esa razón, Rivera y su gente pasaron otra factura por 5 millones de dólares que les fueron transferidos desde un banco ruso.

Rivera escribió en el chat: “Sumario de anoche: Primero, el sobrino, 5 melones de contrato y 5 melones más cuando se resuelva. Segundo: la tía y sus hijos: 10 melones. Tercero: resolver la crisis: 25 melones”.

Como resultado de esa gestión, el 2 de abril de 2018, el congresista Pete Sessions viajó a Caracas a reunirse con Nicolás Maduro y se comprometió a enviarle una carta al presidente Trump pidiéndole que respaldara el plan de normalización de relaciones propuesto por el gobernante venezolano.

Sin embargo, algo se había roto.

Y leyendo este documento, es perspectiva: el plan se hizo realidad, aunque en 2026, con Delcy Rodríguez, con su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Legislativa, con el petróleo venezolano, con los republicanos, sin Nicolás Maduro y sin tener piedad, como lo había señalado el chat de David Rivera, quien se quedó con los melones.

Tenemos que estar pendientes del juicio… o quizás del perdón presidencial para el excongresista Rivera.

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