Abogado López acusó al Gobierno de negar derechos y defendió legitimidad de pago de prima a maestros
El abogado Yobany López argumentó que los maestros colombianos llevan 35 años esperando el pago de una prima de mitad de año, establecida en la Ley 91 de 1989 y respaldada por seis sentencias del Consejo de Estado.
Fiduprevisora y Fomag
El escándalo en torno a los pagos irregulares en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio (FOMAG) ha desatado un cruce de acusaciones entre el abogado Yobany Alberto López, representante de maestros pensionados, y el ministro de Educación, Daniel Rojas.
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Ambos se pronunciaron en entrevista con El Reporte Coronell tras una acción de tutela que ordena investigar a varias figuras, incluyendo al ministro, por el desembolso de primas que, según la justicia, no debían ser pagadas.
El abogado Yobany López, cuya firma se especializa en procesos contra el FOMAG y cobra entre el 20% y el 30% de lo que recibe cada jubilado, defendió la legitimidad de los cobros. López argumentó que los maestros colombianos llevan 35 años esperando el pago de una prima de mitad de año, establecida en la Ley 91 de 1989 y respaldada por seis sentencias del Consejo de Estado.
López refutó la información de que los pagos son irregulares, calificándola de “afrenta contra el magisterio colombiano”. Explicó que, si bien existen criterios encontrados entre juzgados administrativos, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional son las instancias que determinan la legalidad de los pagos.
El abogado hizo hincapié en una sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de noviembre de 2010, que, según él, determinó claramente el derecho a la prima de mitad de año. Esta prima, añadió, fue una compensación para los maestros vinculados después de 1980 que perdieron la pensión de gracia.
También desmintió la cifra de tres billones de pesos en honorarios, aunque confirmó que su firma cobra el 25% del valor de la gestión profesional. Acusó al Gobierno Nacional de negar más de tres billones de pesos en derechos a los maestros, incluyendo sanciones por morosidad, sustituciones de pensiones, indexaciones en sentencias judiciales y el reconocimiento de la pensión a los 55 años para quienes trabajaron antes de 2003. Para López, los maestros se ven obligados a buscar abogados para reclamar sus derechos ante la negativa del gobierno.
Por su parte, el ministro de Educación expresó su “felicidad” ante la orden de investigación, afirmando ser el más interesado en que los hechos se esclarezcan. Rojas denunció que, desde su llegada al Ministerio, ha tenido dificultades para obtener información completa de la Fiduprevisora, llegando incluso a interponer una tutela para acceder a detalles de la contratación y los pagos.
El ministro fue enfático al señalar que el Ministerio de Educación Nacional “no tiene competencia funcional ni operativa para reconocer, liquidar o pagar prestaciones sociales”. Atribuyó esta responsabilidad a la FiduPrevisora, que administra el fondo del magisterio. Rojas aseguró que el ministerio ha recomendado a la fiduciaria no pagar primas que las autoridades judiciales han negado, y que su postura ha generado discusiones con una parte del magisterio.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...
