Defensa de Juan David Palacio dice que contratación estaba delegada en subdirectoras imputadas
Abogado afirma que Juan David Palacio no era ordenador del gasto ni direccionó contratos; además que el borrado de los computadores fue una actuación no ordenada.
Juan David Palacio Cardona y Daniel Quintero Calle
Medellín, Antioquia
La defensa del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio Cardona, aseguró que la contratación investigada en el caso de presunto direccionamiento a favor de Bomberos Itagüí estaba formalmente delegada en otras funcionarias hoy también imputadas.
Durante la audiencia, el abogado sostuvo que Palacio no ejercía como ordenador del gasto y que las decisiones contractuales estaban en cabeza de la Subdirección Ambiental, dependencia que ocuparon Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, ambas vinculadas penalmente en este proceso.
“No impartió órdenes ni definió beneficiarios”
El defensor afirmó que no existe evidencia de que el exdirector hubiera direccionado contratos o favorecido a contratistas específicos en los seis contratos celebrados entre 2020 y 2021, que superan los 18.656 millones de pesos.
“Como no se evidenció en los elementos, a lo sumo sus señorías hicieron ciertas especulaciones por parte de los sujetos. El director del AMVA no impartió órdenes concretas para direccionar algún asunto, tampoco definió algún beneficiario con la contratación, menos aún dirigió la disposición de los contratos o los recursos hacia un contratista en específico”, afirmó.
El abogado agregó que el giro y la ejecución de recursos no estaban dentro de las funciones directas de Palacio debido a la delegación reglada existente.
“No está aprobado, a modo de inferencia, que con los actos la delegación permita robustecer la tesis de ausencia de disponibilidad y ausencia del acto de disposición”, señaló.
Subdirectoras tenían la delegación contractual
La defensa insistió en que la contratación estaba bajo la órbita de la Subdirección Ambiental, cargo ejercido por Ana María Roldán Ortiz (2020-2021) y luego por Diana María Montoya Velilla (2021-2024), quienes actuaron como ordenadoras del gasto.
También aseguró que en las reuniones semanales de seguimiento nunca se advirtió formalmente sobre irregularidades en los procesos contractuales.
Borrado de equipos fue procedimiento normal
Sobre el presunto formateo de computadores, el abogado indicó que no fue una orden del exdirector sino un procedimiento habitual en los empalmes administrativos. Según dijo, la información institucional quedó respaldada en discos duros enviados al archivo de la entidad.
La Fiscalía sostiene que el formateo buscó eliminar trazabilidad en decisiones hoy investigadas y por eso pidió medida de aseguramiento en centro carcelario, al advertir posible obstrucción a la justicia.
