UdeM alerta que caso contra Julián Bedoya por presunto fraude en título de abogado puede prescribir

Medellín

La Universidad de Medellín advirtió que está en riesgo de prescripción el proceso penal que se adelanta contra el exsenador liberal Julián Bedoya Pulgarín, investigado por presunto fraude procesal para obtener su título de abogado en esa institución.

La alerta fue presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá, al que la universidad solicitó agilizar la resolución del recurso de apelación interpuesto por la defensa del excongresista, el cual permanece sin decisión desde julio de 2025.

La solicitud fue radicada por el abogado Juan Camilo Bolaños, apoderado judicial de la Universidad de Medellín, reconocida formalmente como víctima dentro del proceso. En el documento, la institución señala que la falta de pronunciamiento de fondo podría impedir que la justicia continúe con la investigación por fraude procesal, cuyo término de prescripción se acerca.

Un caso estancado

De acuerdo con la línea de tiempo del caso, el 5 de junio de 2024 la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Bedoya, luego de varios intentos fallidos de preclusión y solicitudes de nulidad promovidas por su defensa.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2025, el Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá retomó la audiencia de formulación de acusación. En esa diligencia, la defensa de Julián Bedoya solicitó la nulidad del proceso por una presunta incongruencia entre la imputación y la acusación, petición que fue negada por el juzgado, aunque se concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.

La apelación fue radicada el 31 de julio de 2025 y asignada por reparto al despacho del magistrado Javier Armando Fletcher Plazas. Desde entonces, según la Universidad de Medellín, no se ha adoptado una decisión de fondo, lo que mantiene el proceso paralizado.

El apoderado de la universidad explicó que el delito de fraude procesal tiene un término de prescripción de 12 años, al no estar relacionado con el ejercicio de la función pública de Bedoya, quien fue congresista entre 2018 y 2022.

La Fiscalía estableció que la conducta investigada ocurrió el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que a Julián Bedoya le fue asignada la tarjeta profesional de abogado. No obstante, el término de prescripción se interrumpió el 2 de julio de 2020, cuando Bedoya, en calidad de congresista, rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

“Desde el 31 de julio de 2025 el proceso permanece en el despacho del magistrado ponente, surgiendo por el paso del tiempo un inminente riesgo de prescripción de la acción penal”, advierte la Universidad de Medellín en el documento.

Tras su renuncia al Congreso en 2022, el proceso pasó a la Fiscalía y el conteo del vencimiento se reanudó por seis años, lo que implica que el delito prescribiría el próximo 2 de julio de 2026.