Relatora de la ONU pidió que la toma de rehenes se considere un crimen de lesa humanidad
La experta de la ONU advirtió también que la toma de rehenes puede prolongar la violencia en escenarios de conflicto y las negociaciones sobre los detenidos pueden estancar los esfuerzos de paz, incentivar más secuestros y perpetuar ciclos de represalias.
Rehenes. ONU. Fotos: Getty Images.
La relatora especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, Alice Jill Edwards, urgió este jueves a incluir la toma de rehenes en la Convención para la Prevención y Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad, que los Estados miembros de la ONU están abordando esta semana.
Los países que forman parte de la ONU celebran esta semana una reunión en la que se ha comenzado a elaborar un borrador que servirá de base para las negociaciones de esa Convención de aquí a 2028.
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La intención de ese nuevo texto legal es prevenir y castigar “algunos de los crímenes más graves” cometidos durante los ataques a civiles, así como fortalecer la cooperación internacional, la persecución nacional y la rendición de cuentas de los responsables, explicó la experta en un comunicado.
Edwards urgió a los Estados a incluir la toma de rehenes en esta convención porque se ha convertido en una práctica usada de manera “cada vez más deliberada” por las partes de los conflictos para ejercer presión, obtener concesiones o ganar influencia militar.
“Incluir la toma de rehenes como un crimen de lesa humanidad en el borrador de la Convención (...) enviaría una señal inequívoca de que los civiles nunca deben ser utilizados como moneda de cambio”, opinó.
“Las víctimas son sometidas a una detención prolongada, aislamiento, incertidumbre y abusos, mientras sus familias soportan años de angustia, miedo e inestabilidad”, explicó.
La experta de la ONU advirtió también que la toma de rehenes puede prolongar la violencia en escenarios de conflicto y las negociaciones sobre los detenidos pueden estancar los esfuerzos de paz, incentivar más secuestros y perpetuar ciclos de represalias.
Además, mina la confianza en la instituciones, socava la cohesión social y deja daños psicológicos duraderos.
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La relatora urgió a los Estados a “aprovechar la oportunidad” presentada por las negociaciones y corregir esta omisión y “asegurarse de que la convención refleja las realidades contemporáneas”.