Exdirector del DNP desmonta justificación de emergencia económica: “Ninguna razón es sobreviviente”

En un contundente análisis dirigido a la Corte Constitucional, el economista Jorge Iván González desvirtuó las ocho razones invocadas por el Decreto 1390 de 2026 para declarar el estado de emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. Según González, ninguna de las causas presentadas por el gobierno es “sobreviniente”, es decir, nueva o imprevista, lo que pone en tela de juicio la legitimidad de la declaratoria.

El documento examina detalladamente cada uno de los argumentos del decreto, concluyendo que todos ellos corresponden a problemas de larga data, conocidos, y en muchos casos, anticipados por diversas instancias gubernamentales y organismos de control.

“Las 8 razones para la emergencia económica carecen de novedad”

La primera razón, la obligatoriedad de cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional relacionado con la Unidad de pago por capitación (UPC) de salud, es calificada por González como un tema no nuevo. Aunque el monto exacto del faltante en la UPC es incierto debido a la falta de información sistemática, el déficit del sector ha sido ”evidente”, y la discusión sobre el cálculo es un debate continuo sin consenso mínimo.

En cuanto a la segunda razón, la garantía de seguridad ciudadana por alteraciones de orden público y el agravamiento del riesgo por atentados, González subrayó que el incremento de la violencia ha sido “progresivo” y el conflicto se ha agudizado a la vista de todos”. Mencionó que el propio plan de desarrollo del Gobierno Nacional “Colombia Potencia Mundial de La Vida” ya evidenciaba la complejidad de la violencia y la financiación de grupos armados por la coca y la minería ilegal, cuyo precio del oro ha alcanzado niveles excepcionales de USD $4.700 la onza.

La crisis fiscal, presentada como la tercera razón debido a la no aprobación de dos proyectos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales 2025 (12 billones) y 2026 (16.3 billones), tampoco es un hecho sobreviviente para González. Los intentos fallidos de reforma tributaria ya habían expuesto las dificultades fiscales. Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya habían advertido sobre el desequilibrio fiscal y la necesidad de un manejo prudente de las finanzas públicas.

Respecto a la cuarta razón, los desastres naturales causados por la actual ola invernal, González argumentó que, si bien los desastres naturales son recurrentes, los hechos señalados no justifican la emergencia, ya que el presupuesto suele incluir recursos para responder a eventuales emergencias.

Las sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pago, la quinta razón, también son desestimadas como novedad. González señaló que en todos los marcos fiscales se incluye un estimado de estos pasivos, y el último Marco Fiscal calculó este monto en $12,2 billones, lo que demuestra su conocimiento previo.

La sexta razón: las obligaciones atrasadas de origen legal (subsidios de servicios públicos eléctricos y combustibles) y contractual (vigencias futuras), es otro punto donde el exdirector del DNP insiste en la preexistencia del problema. Desde el inicio del gobierno, estos faltantes eran claros y se agudizaron con la pandemia. Mencionó el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fep) de $37 billones en 2022, las obligaciones de crédito de corto plazo por el Covid-19 y la compensación por el riesgo de demanda de las concesiones viales.

La séptima razón, el agotamiento de las alternativas de endeudamiento y las cláusulas derivadas de medidas unilaterales de Estados Unidos, se relaciona con la regla fiscal y el endeudamiento. González destacó que las discusiones sobre el cumplimiento de la regla fiscal han sido intensas y que la deuda pública (GCN) como porcentaje del PIB ha aumentado significativamente desde la implementación de la regla en 2012, pasando del 33,2 % al 61,3 % proyectado para 2025.

Finalmente, la octava razón, las restricciones en la caja de la Tesoría General de la Nación, también es cuestionada. González afirmó que las dificultades de caja son estimables y que los marcos fiscales calculan los faltantes. Atribuyó parte de estos problemas a “cálculos equivocados que han hecho Hacienda y la DIAN del recaudo” y concluyó que los errores de estimación no pueden considerarse hechos sobrevinientes.

En resumen, el documento sostiene que la emergencia económica no responde a una crisis inesperada, sino a problemas estructurales y decisiones de política pública, por lo que la Corte debería rechazar el decreto.

La respuesta de González a la Corte Constitucional

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