Procuraduría abre nuevas investigaciones contra directivos de la Uniatlántico
Entre los investigados se encuentran el actual rector y tres exfuncionarios.
Foto: Uniatlántico.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Rafael Ángel Castillo Pacheco, actual rector de la Universidad del Atlántico, por un presunto incumplimiento de una sanción de suspensión por cuatro meses que le fue impuesta en febrero de 2025, correspondiente a actuaciones ocurridas durante un periodo anterior.
De acuerdo con el ente de control, la sanción fue confirmada en fallo de segunda instancia el 21 de febrero de 2025. No obstante, el funcionario habría continuado ejerciendo funciones como nominador, ordenador del gasto y máxima autoridad académica de la institución, pese a que la suspensión se encontraba vigente en la época de los hechos investigados.
Exdirectivos también son investigados
Por estos mismos hechos, la Procuraduría ordenó la apertura de investigaciones disciplinarias contra tres exdirectivos de la Universidad del Atlántico que ocupaban cargos estratégicos al momento de los presuntos incumplimientos.
Se trata de María Andrea Bocanegra Jiménez, exjefa de la Oficina Jurídica; José Waldir Hoyos Franco, exjefe de Control Interno Disciplinario; y Salomón Elías Mejía Sánchez, exjefe de Talento Humano, quienes, al parecer, no habrían certificado la ejecución de la sanción ni el pago de la misma en caso de haberse convertido en salarios.
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En respuesta a un requerimiento oficial del ente de control, la Universidad del Atlántico informó que la sanción disciplinaria no se materializó, lo que impidió establecer las fechas de inicio y finalización de la suspensión.
La institución también señaló que no reposan actos administrativos que acrediten el cumplimiento de la sanción impuesta, situación que motivó la apertura de las investigaciones disciplinarias.
La Procuraduría indicó que, mediante estos procesos, se busca verificar la ocurrencia de las conductas, establecer si se configuraron faltas disciplinarias y determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados, con base en los hechos ocurridos durante el periodo objeto de investigación.
