CCI advierte consecuencias por posible fin anticipado del contrato de Autopistas del Café

Autopistas del Café es una concesión vial que conecta a varios departamentos del Eje Cafetero, cubre hasta 270 km facilitando la movilidad y el turismo en la región cafetera.

Según la CCI, el contrato se ha cumplido en su totalidad al 100%, sin retrasos ni incumplimientos, y no ha requerido recursos públicos para su funcionamiento. Por lo cual, el anuncio de que el Gobierno evalúe poner fin a la concesión antes de su fecha de vencimiento en 2027, según la CCI, puede traer problemas legales, costos económicos y afectar la confianza de los proyectos de infraestructura en el país.

De acuerdo con el gremio, cuando el Estado firma un contrato de concesión se compromete a respetarlo mientras se cumplan las condiciones pactadas. En este caso, la CCI señala que la concesión ha obtenido calificaciones técnicas superiores a las exigidas y ha realizado obras adicionales por cerca de $310.000 millones, previamente coordinados con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y las autoridades regionales.

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Las consecuencias de terminar el contrato

Para la Cámara, terminar un contrato de este tipo sin una causa legal clara afecta la seguridad jurídica, es decir, la confianza en que las reglas se mantienen y se respetan. Esto no solo impacta a la concesión, sino que envía un mensaje negativo a inversionistas y empresas que participan en proyectos de infraestructura en Colombia.

Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la CCI, fue enfático al señalar que los contratos de concesión no son decisiones que se puedan tomar de forma voluntaria. “Son acuerdos jurídicamente vinculantes que deben respetarse mientras estén vigentes y se cumplan las condiciones pactadas”, afirmó.

Ampliar

Según las cifras de la CCI, el proyecto ha contribuido a generar más de 56.000 empleos directos e indirectos y ha sido clave para sectores como el turismo, la agroindustria, el comercio y la logística. Además, la vía ha permitido reducir tiempos de desplazamiento y a su vez, costos de transporte y accidentes viales, lo que mejora la calidad de vida de los usuarios.

Por esto, el gremio hace un llamado de advertencia en el que una terminación anticipada puede activar cláusulas que obliguen al Estado a pagar compensaciones e indemnizaciones, lo que significa que el país tendrá que asumir altos costos económicos, afectando las finanzas públicas y el presupuesto nacional.

A toda la situación, se le suma la responsabilidad de los funcionarios públicos, ya que la ausencia de los sustentos técnicos, jurídicos y financieros pueden llevar a investigaciones fiscales, disciplinarias o penales, si se demuestra que causaron perjuicios al Estado.

El respeto por los contratos, concluye el gremio, es fundamental para garantizar la continuidad de los proyectos, proteger los recursos públicos y asegurar el desarrollo regional, especialmente en zonas que dependen de la conectividad vial para su economía.

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