¿Fue irregular la entrega de tierras de un predio vinculado al paramilitarismo en Necoclí? Debate

Una nueva controversia se abrió alrededor de la política de tierras del Gobierno nacional tras la entrega del predio Virgen del Cobre, ubicado en Necoclí, Antioquia, un terreno de más de 1.200 hectáreas que ha sido históricamente vinculado a estructuras del paramilitarismo. El tema fue debatido en 6AM W, con la participación del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y del abogado Santiago Tres Palacios, representante de la familia de alias ‘Pelusa’, señalado en expedientes de Justicia y Paz como testaferro de Pablo Escobar.

Desde la ANT, Harman sostuvo que el conflicto social alrededor del predio ha estado marcado por la desinformación y aseguró que la entrega de las tierras hace parte de un proceso legal de recuperación para la reforma agraria. “Hay un conflicto social muy promovido desde la desinformación. Esta finca es de más de mil doscientas hectáreas y colinda con el área de expansión urbana de Necoclí”, afirmó el funcionario.

Harman explicó que se han difundido versiones según las cuales no habría espacio para vivienda o que las asociaciones beneficiarias no serían del municipio, algo que desmintió. “Lo que le estamos diciendo a la comunidad es, primero, que se haga la calma. Segundo, que vamos a instalar una mesa de concertación con la administración municipal para disponer de un banco de suelo para vivienda”, señaló.

El director de la ANT también enmarcó la polémica en el contexto político actual. “En el clima electoral hay sectores azuzando tomas de tierras y una serie de intervenciones desafortunadas que alteran el orden público. Este es un predio histórico para la paz y para lo que significó la violencia en la región de Urabá”, agregó.

No obstante, el abogado Santiago Tres Palacios cuestionó la legalidad del proceso y aseguró que el Gobierno ha transmitido una versión que, a su juicio, no se ajusta a la realidad jurídica. “Se ha comunicado la falsa idea de que esta tierra ya es del campesinado y que ya se extinguió el dominio, y eso no es cierto. La titularidad se está discutiendo en un proceso de Justicia y Paz”, afirmó.

Tres Palacios sostuvo que no existe, hasta ahora, una decisión judicial definitiva que permita hablar de propiedad estatal. “Un magistrado de Justicia y Paz deberá determinar si el predio es del Estado o de la familia que yo represento. Mientras eso no ocurra, no se puede presentar como un hecho consumado”, dijo.

El abogado fue más allá y señaló directamente a la ANT de alimentar la confusión. “Al generar una falsa expectativa, las comunidades se han venido presentando al predio e incluso invadiéndolo. Luego se quejan de la invasión por desinformación, pero es una desinformación que el mismo doctor Harman ha auspiciado”, aseguró.

Por su parte, Harman defendió la actuación de la entidad y aseguró que existe un convenio formal con el Fondo para la Reparación de las Víctimas. “Nosotros ya giramos los recursos. Hay una promesa de compraventa y un contrato marco. Hoy la tutela del predio la tiene el Estado y el fondo nos otorgó la administración anticipada”, explicó.

El funcionario insistió en que el fondo nunca pudo administrar efectivamente la hacienda, que durante años fue explotada por particulares sin contrato alguno. “¿Quién está adentro?, ¿bajo qué figura?, ¿a quién le están pagando? Lo cierto es que el fondo no la administró ni un solo día”, dijo.

Uno de los puntos centrales del debate fue la seguridad jurídica de las 120 familias campesinas que ya tienen expectativas sobre el predio. Ante una pregunta directa de Julio Sánchez Cristo, Harman aseguró que no existe riesgo. “Si mañana el tribunal de Justicia y Paz dice que el predio pertenece a la familia, la plata que giró la Agencia se les entrega. Así funciona la figura. No hay riesgo patrimonial ni daño al Estado”, sostuvo.

Tres Palacios, en contraste, advirtió que una eventual enajenación sin decisión judicial podría tener consecuencias legales. “Si proceden a una venta sin que exista extinción de dominio, estaríamos ante una expropiación irregular. Eso podría derivar incluso en un prevaricato”, afirmó.