Barranquilla

Justicia estadounidense exonera a Drummond de vínculos con paramilitares en Colombia

La empresa minera recibirá una indemnización por 256 millones de dólares.

Imagen de referencia multinacional Drummond. Foto: Colprensa.

Imagen de referencia multinacional Drummond. Foto: Colprensa.

Un jurado del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama falló de manera unánime a favor de la empresa minera Drummond, al concluir que las acusaciones en su contra fueron falsas, difamatorias y parte de una estrategia criminal coordinada.

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El veredicto puso fin a un prolongado litigio contra el abogado estadounidense Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates.

Según la decisión del jurado, los demandados incurrieron en difamación al afirmar falsamente que Drummond había apoyado a grupos paramilitares en Colombia.

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En un comunicado de prensa, Drummond aseguró que “se estableció que violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), al participar en actos de extorsión, soborno, manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y conspiración”.

El jurado determinó que Collingsworth actuó de manera intencional, al saber o ignorar deliberadamente, que las acusaciones eran falsas. Bajo la Ley RICO, también fue hallado culpable de realizar pagos ocultos por más de 400.000 dólares a Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, alias “El Viejo Miguel”, entre otros, con el objetivo de manipular testimonios.

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En el mismo proceso fueron declarados culpables como cómplices el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek, quienes participaron en la estructura utilizada para fabricar y sostener las acusaciones.

En materia de indemnización, el jurado otorgó a Drummond 52 millones de dólares por la demanda de difamación y 68 millones de dólares por la violación de la Ley RICO. Debido a que esta ley establece la triplicación automática de los daños, el monto total asciende a 256 millones de dólares.

Tras el fallo, Trey Wells, abogado de la firma Starnes Davis Florie LLP, señaló que el veredicto confirma que Drummond no tiene vínculos con organizaciones al margen de la ley y que la compañía ha sido víctima durante décadas de “narrativas maliciosas” diseñadas para afectar su reputación.

Por su parte, Drummond reiteró que los procesados ejecutaron una estrategia coordinada de presión reputacional y judicial basada en testimonios falsos. La empresa reafirmó su compromiso con la ética, la integridad y el respeto a la legalidad en Colombia, donde opera desde finales de los años 80.

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