Jueces de Bogotá se solidarizaron con defensores públicos que llevan más de 50 días sin sueldo
Más de 4.200 defensores públicos y un número importante de contratistas siguen sin recibir sus honorarios
La situación que viven los defensores públicos hoy en día. . Foto: Getty Images(Thot)
Justicia
Los Jueces Penales del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá se solidarizaron con los defensores públicos que durante el mes de enero no han recibido el pago de sus honorarios y por ello se encuentran en un cese de actividades.
Son más de 4.200 los defensores públicos que han resultado perjudicados por los retrasos.
“Consideramos necesario manifestar nuestro respaldo y solidaridad frente a la labor que desempeñan estos profesionales”, señalaron los jueces en Bogotá.
Agregaron que “su rol es fundamental dentro del Sistema Penal Acusatorio, en la medida en que garantizan el acceso oportuno y efectivo a la administración de justicia para todas las personas, especialmente para quienes requieren una defensa técnica adecuada”.
“Los defensores públicos han sido relegados por parte del Estado”, dicen los jueces.
En el comunicado expedido en la tarde de este martes 20 de enero, señalaron que las condiciones laborales y profesionales se ven afectadas por las decisiones del Estado.
“Dichas condiciones se han deteriorado progresivamente, particularmente desde el momento en que dejaron de percibir honorarios acordes con la importancia de su función y con el incremento justo que merecen. Por ello, insistimos en que los defensores públicos, en su calidad de trabajadores, deben contar con garantías dignas y equiparables a las de los demás intervinientes y operadores del proceso penal”.
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Los jueces también aseguraron que “no es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran vulnerados y afectados”.
Al parecer, la situación de los defensores públicos se debe a que el Ministerio de Hacienda no expidió el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) correspondiente a diciembre de 2025, pese a las solicitudes formales que hizo la propia Defensoría. Esto ha generado graves afectaciones económicas a quienes garantizan el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables.
