Contraloría General archivó procesos contra gobernador Andrés Julián Rendón por el caso de los CAI

Antioquia

La Contraloría General de la República ordenó archivar los dos procesos de responsabilidad fiscal que se adelantaban contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en el municipio de Rionegro, durante su periodo como alcalde entre 2016 y 2019.

En la decisión se concluyó la inexistencia de daño patrimonial al Estado en los proyectos ubicados en los sectores Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, en el oriente antioqueño.

Bajo la hipótesis de que las infraestructuras no estaban prestando el servicio de seguridad para el cual fueron contratadas, las investigaciones señalaban que el daño patrimonial ascendía a cerca de $1.270 millones.

Sin embargo, el fallo determinó que no se perdieron recursos públicos, ya que los bienes existen, fueron ejecutados y recibidos, están habilitados administrativamente y prestan servicio a la comunidad.

“El despacho determinó que los recursos invertidos no se perdieron ni hubo menoscabo del patrimonio público, pues el bien existe, fue entregado y se encuentra en proceso de plena operación institucional”, señala la Contraloría.

Por esto, La Contraloría General de la República precisó que sin daño fiscal probado no puede declararse responsabilidad fiscal, razón por la cual ordenó el archivo de los procesos.

Los antecedentes de los casos

En el caso del CAI de San Antonio de Pereira, el presunto daño patrimonial se estimaba en $836 millones. Los cuestionamientos iniciales apuntaban a supuestas fallas en la planeación del proyecto y a la falta de conceptos de viabilidad por parte de la Policía Nacional, lo que habría impedido la prestación del servicio.

Para el CAI de Cuatro Esquinas, el presunto detrimento ascendía a $433 millones, bajo el argumento de una supuesta “pérdida total de la inversión” debido a la demora en su puesta en funcionamiento y a problemas de planeación.

La Contraloría aclaró que aunque no procede ningún recurso, el proceso podría reabrirse si en el futuro aparecen nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos del archivo o si se demuestra que la decisión se basó en prueba falsa.

Pese al cierre del capítulo fiscal, el gobernador de Antioquia seguirá vinculado a la investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos, en la cual, según se ha conocido, se han practicado interceptaciones telefónicas.