Vivienda VIS: pulso entre constructores y la SIC, ¿hay control de precios?

Con un proyecto de decreto, el Gobierno busca que el precio de la vivienda de Interés Social (VIS) no incremente en el mismo porcentaje que el salario mínimo.

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Y es que según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el tope de este tipo de vivienda se fija en salarios mínimos (135 smmlv).

Sin embargo, el hecho ha generado críticas por parte de varios sectores que señalaron que eso se traduce en poner control de precios.

¿Habrá control en el precio de la vivienda?

Ante ello, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Vivienda señalaron en un comunicado que con esto buscan “evitar aumentos desproporcionados en el precio de la vivienda, al limitar los ajustes a la evolución de los costos de construcción y no al alza del salario mínimo”.

Pero además negó que esto se trate de un control de precios.

“El proyecto no constituye un control de precios. En realidad, con este instrumento normativo se busca proteger a las familias compradoras, al reafirmar que de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo”, resaltaron las entidades.

¿Qué dice el gremio de constructores de la vivienda VIS?

Pese a este argumento, para el gremio de los constructores - Camacol - lo que pretende hacer el Gobierno sí es imponer un control de precios, lo que es contrario al libre mercado que hay en el país.

Para el gremio, esa medida introduce un control artificial de precios y desconoce el marco legal vigente, que permite fijar el valor de la vivienda en pesos o en salarios mínimos, y establece que el precio definitivo es el vigente al momento de la escrituración.

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“El control de precios a la VIS no reduce el valor de la vivienda; por el contrario, se traduce en menos oferta y mayores barreras de acceso para miles de familias que quieren acceder a una vivienda digna y formal”, señaló Camacol.

Guillermo Herrera, presidente del gremio, aseveró que la vivienda no es un bien de consumo inmediato.

“Su desarrollo implica procesos de planeación, preventa, construcción y entrega que pueden extenderse entre cuatro y cinco años. Durante ese tiempo se presentan variaciones en costos, materiales, tasas de interés y regulaciones, que obligan a ajustes razonables en los precios futuros para preservar la sostenibilidad de los proyectos”, explicó.

Herrera remató señalando que el incremento del 23 % en el salario mínimo impacta directamente los costos de construcción de vivienda, en una actividad altamente intensiva en mano de obra. Camacol estima que los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda podrían aumentar entre un 10 % y un 15 %.