Mientras ‘Primo Gay’ presume drones de alto alcance, fuerza pública enfrenta limitaciones
Documentos conocidos por Caracol Radio dan cuenta que la fuerza pública no cuenta con sistemas antidrones suficientes, plenamente operativos ni actualizados para enfrentar esa amenaza.
Drone y alias 'Primo Gay'. Foto: Suministrada
Mientras cabecillas de las disidencias, como alias ‘Primo Gay’, exhiben en redes sociales y material de propaganda drones de alto alcance, mayor autonomía y capacidades avanzadas, documentos oficiales, contratos y reportes técnicos conocidos por Caracol Radio evidencian que la fuerza pública no cuenta con sistemas antidrones suficientes, plenamente operativos ni actualizados para enfrentar esa amenaza.
Desde 2019, el Estado inició la adquisición de capacidades antidrones con el objetivo de proteger bases aéreas y activos estratégicos. Ese año, la Fuerza Aeroespacial Colombiana suscribió el Contrato No. 4700018173 para la compra de sistemas antidrones tipo CUAS, que posteriormente fueron instalados en 2020 en instalaciones críticas como la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja.
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Sin embargo, un oficio interno de la Fuerza Aérea, fechado el 20 de abril de 2020 (radicado FAC-S-2020-024432-CI), ya advertía dificultades operativas y logísticas para la puesta en funcionamiento del sistema. En ese documento se dejó constancia de que un solo sistema CUAS era insuficiente para cubrir la totalidad de la refinería y que se requerían condiciones técnicas y logísticas adicionales para su operación efectiva.
Las fallas quedaron en evidencia meses después. Entre el 18 y el 20 de noviembre de 2020, una visita técnica oficial realizada en la refinería de Barrancabermeja concluyó que el sistema antidrones no estaba recibiendo energía eléctrica, permanecía apagado y no transmitía información al centro de comando y control, lo que impedía evaluar su operatividad real.
Pruebas en bases aéreas y limitaciones técnicas
A estos documentos oficiales se suma el testimonio de fuentes que participaron y conocieron de primera mano la implementación del sistema antidrones, quienes explicaron a Caracol Radio que las dificultades no se limitaron a un solo punto de instalación.
Según estas fuentes, durante 2020 los sistemas antidrones fueron probados en siete y hasta ocho bases aéreas de la Fuerza Aérea, con resultados que evidenciaron alta vulnerabilidad. De acuerdo con esa reconstrucción técnica del proceso, recogida en una línea de tiempo interna conocida por este medio:
“Se realizaron pruebas con sistemas antidrones en siete y hasta ocho unidades militares, detectando alta vulnerabilidad”.
Las mismas fuentes señalaron que durante esas pruebas se evidenció que los radares convencionales no detectaban drones comerciales, que los inhibidores afectaban sensores y radio ayudas, generando riesgos para la operación aérea, y que los sistemas evaluados no lograban contrarrestar drones con capacidad de “salto de frecuencias”.
Este último punto resulta clave frente a la evolución de la amenaza. De acuerdo con las fuentes consultadas, organizaciones armadas ilegales comenzaron a utilizar drones con salto de frecuencias, una tecnología que reduce de manera significativa la efectividad de los mecanismos de inhibición basados en saturación de radiofrecuencia, sobre los que se sustentan la mayoría de los sistemas adquiridos por el Estado.
Compras fragmentadas y capacidades insuficientes
Mientras las disidencias avanzaban en el uso de drones más sofisticados —como los que hoy presume alias ‘Primo Gay’—, la respuesta institucional avanzó de manera fragmentada. Según la línea de tiempo reconstruida por fuentes que manejaron el proceso, en 2023 la Fuerza Aérea inició trámites internos para sacar de servicio algunos de los sistemas antidrones adquiridos años atrás, al considerar que no respondían a la evolución de la amenaza.
En 2024, el Estado intentó cerrar la brecha mediante nuevas compras, donaciones y pruebas descentralizadas en distintas entidades de la fuerza pública. No obstante, las entregas de nuevos sistemas se dieron de manera parcial y escalonada, sin que se lograra una cobertura integral y continua.
Persistencia de las limitaciones
De acuerdo con las fuentes consultadas, en 2025 las limitaciones persistieron. Aeropuertos y unidades militares enfrentaron interrupciones operacionales por la presencia de drones que no pudieron ser neutralizados, pese a contar con sistemas antidrones desplegados. En al menos un caso, la operación de un sistema antidrones interfirió con la navegación de aeronaves civiles, generando reportes ante la autoridad aeronáutica.
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En conjunto, los documentos oficiales y los testimonios de quienes siguieron el proceso muestran un contraste marcado: mientras estructuras armadas ilegales acceden y operan drones cada vez más avanzados, la fuerza pública no cuenta con suficientes sistemas antidrones plenamente operativos y adaptados a la amenaza actual, lo que deja abiertos interrogantes sobre la capacidad real del Estado para proteger su infraestructura crítica y controlar el uso del espacio aéreo en zonas de conflicto.
